Comunicado conjunto de Amnist??a Internacional, elCentro por los Derechos Econ??micos y Sociales y el Observatori DESC:
MADRID--Espa??a es el primer pa??s de Europa que se convierte en Estado Parte de un nuevo mecanismo de la ONU que permitir?? a las personas acudir en busca de justicia a las Naciones Unidas en el caso de vulneraciones del derecho a una vivienda adecuada, la alimentaci??n, el agua, la salud, la educaci??n y otros derechos econ??micos, sociales y culturales, tal y como ya sucede desde hace d??cadas con los derechos civiles y pol??ticos.
La ratificaci??n ha tenido lugar un a??o despu??s de queel Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Econ??micos, Sociales y Culturales se abriese a la firma y ratificaci??n de los Estados.
???Amnist??a Internacional acoge con satisfacci??n el paso dado por el Gobierno espa??ol. El Protocolo establecer?? una herramienta con la que la poblaci??n de Espa??a, especialmente quienes viven en la pobreza, pueda pedir a su gobierno cuentas en relaci??n con sus derechos econ??micos, sociales y culturales???, ha manifestado Esteban Beltr??n, director de la secci??n espa??ola de Amnist??a Internacional. ???Ahora, el gobierno debe llevar m??s all?? su compromiso, garantizando que los mecanismos nacionales, como los tribunales y la instituci??n nacional de defensa de los derechos humanos, pueden hacer cumplir estos derechos???, ha destacado Esteban Beltr??n.
???Es una victoria frente a la tesis sostenida por la Constituci??n espa??ola seg??n la cual existen derechos humanos m??s fundamentales y por tanto m??s justiciables que otros. No deja de ser, sin embargo, parad??jico que esta decisi??n se produzca en un momento de graves retrocesos en la satisfacci??n de derechos sociales como el derecho a un trabajo adecuado, a una educaci??n y una sanidad p??blica de calidad y a una vivienda digna???, en opini??n de Vanesa Vali??o, directora del Observatori DESC.
El Protocolo permitir?? a las personas a las que se les niegan sus derechos ???y a las que se les niega el acceso a la justiciaen su propio pa??s??? que sus quejas sean escuchadas por un grupo de expertos independiente e internacional. Las decisiones que tome este nuevo mecanismo, que ser??n p??blicas, probablemente influir??n en las decisiones de tribunales nacionales y regionales de todo el mundo.
El Protocolo fue adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008, y se abri?? a la ratificaci??n en septiembre de 2009. Este mecanismo de presentaci??n de quejas entrar?? en funcionamiento cuando 10 pa??ses lo hayan ratificado.
Adem??s de Espa??a, Ecuador y Mongolia han ratificado el Protocolo. Otros 30 pa??ses lo han firmado, indicando as?? su intenci??n de ratificarlo. No obstante, la ratificaci??n es necesaria para que el tratado sea jur??dicamente vinculante.
Espa??a plasm?? su ratificaci??n al d??a siguiente de concluir la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en Nueva York, una cumbre en la que no se han identificado mecanismos efectivos de rendici??n de cuentas ante las vulneraciones de derechos humanos
Ignacio S??iz, director ejecutivo del Centro por los Derechos Econ??micos y Sociales, destaca ???Las declaraciones del gobierno de Espa??a ante la ONU muestran un compromiso con la realizaci??n de los derechos econ??micos y sociales tanto en el ??mbito interno como internacional. Sin embargo, sus acciones no siempre han sido coherentes con esas buenas intenciones, como muestran los recientes recortes del presupuesto de cooperaci??n al desarrollo. Los ojos de la comunidad internacional estar??n puestos en Espa??a, para asegurar que ese liderazgo que ha mostrado con la ratificaci??n del Protocolo Facultativo se refleje en las pol??ticas y en la pr??ctica.???
En la cumbre sobre los ODM, los dirigentes mundiales formularon importantes promesas y pidieron al mundo que conf??e en ellos, pero no que les pida cuentas. Para conseguir avances en favor de las personas m??s pobres del mundo, los Estados deben ratificar el Protocolo y garantizar que en sus pa??ses se establecen mecanismos para otorgar remedios efectivos por las violaciones de derechos humanos.