en el respeto de los derechos humanos
Madrid/Barcelona. ???Ninguna crisis econ??mica y financiera mundial disminuye la responsabilidad de las autoridades estatales y de la comunidad internacional en el respeto de los derechos humanos???. Esta era la advertencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a los Estados miembros en 2009, y es tambi??n la de organizaciones como Amnist??a Internacional, el Centro por los Derechos Econ??micos y Sociales y el Observatori DESC.
M??s de 42.200 familias se han enfrentado al desahucio por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler s??lo en los primeros 9 meses de 2011, se anuncian recortes en la sanidad p??blica y merma en la atenci??n de las mujeres v??ctimas de violencia de g??nero. Datos como ??stos han llevado a las tres organizaciones a dirigirse por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, record??ndole que en el contexto de la crisis econ??mica, no puede olvidar las obligaciones del Estado espa??ol de respetar los derechos econ??micos, sociales y culturales.
???El acceso a una vivienda digna, la posibilidad de gozar del m??ximo nivel de salud, as?? como de disponer de una educaci??n de calidad son derechos humanos que Espa??a tiene la obligaci??n de garantizar. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de dise??ar cualquier medida a poner en marcha en respuesta a la actual crisis econ??mica???, ha se??alado Esteban Beltr??n, director de Amnist??a Internacional Espa??a.
Las tres organizaciones le han recordado al presidente del Gobierno que al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Econ??micos, Sociales y Culturales (PIDESC), Espa??a se ha comprometido a usar ???el maximo de los recursos de que disponga??? en el cumplimiento progresivo y sin retrocesos para lograr la plena efectividad de los derechos econ??micos, sociales y culturales. Lo que obliga a Espa??a a:
??? Asegurar, incluso en ??pocas de graves limitaciones de recursos econ??micos, que se ha hecho todo lo posible para garantizar estos derechos, destinando el m??ximo de los recursos disponibles.
??? Proteger especialmente a las personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables y/o que sufren discriminaci??n, como pueden ser las mujeres.
??? Llevar a cabo una evaluaci??n del posible impacto que la reducci??n del gasto p??blico puede tener en estos colectivos vulnerables, asegurando antes de su aplicaci??n, que las medidas de recuperaci??n econ??mica no agravan a??n m??s su situaci??n.
??? Demostrar que se ha realizado un examen exhaustivo de todas las alternativas posibles, antes de adoptar medidas regresivas que pudieran deteriorar la situaci??n socio-econ??mica de los grupos en situaci??n de vulnerabilidad. Estas medidas siempre ser??n el ??ltimo recurso. El Comit?? DESC de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento del PIDESC, ha destacado que existe una fuerte presunci??n de que no son permisibles las medidas regresivas.
??? Priorizar en la cooperaci??n -incluidas las aportaciones al sistema internacional de protecci??n de derecho humanos de Naciones Unidas- la promoci??n de los derechos humanos y la protecci??n de los grupos en situaci??n de mayor vulnerabilidad.
Para las tres organizaciones es fundamental que el respeto de los derechos humanos sea tenido en cuenta, no s??lo en las leyes o medidas que se vayan a poner en marcha, sino tambi??n durante el proceso de esa toma de decisiones. ???En este sentido pedimos al Gobierno que explique ampliamente y de forma f??cilmente entendible a la ciudadan??a las medidas que va a proponer, y que adem??s establezca mecanismos de participaci??n. De esta manera, cumplir??a con su obligaci??n de respetar el derecho a participar en la vida p??blica, recabar y recibir informaci??n que tiene el conjunto de la ciudadan??a???, ha manifestado Vanesa Vali??o, directora de Observatori DESC.
Pese a que las competencias sobre DESC est??n ampliamente descentralizadas, las tres organizaciones han recordado a Mariano Rajoy que ya el Comit?? DESC de Naciones Unidas ha instado al Estado espa??ol a que tome medidas para garantizar los derechos econ??micos sociales y culturales para todas las personas en todo el territorio. Por eso, el Gobierno central debe asegurar la implementaci??n en toda Espa??a, entre otras, de la Ley 33/11, Ley General de Salud P??blica, que garantiza la universalidad en el acceso a la atenci??n sanitaria y que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero.
???La protecci??n de los derechos humanos no es una opci??n en el marco de las medidas encaminadas a la 'recuperaci??n econ??mica'. La Constituci??n espa??ola reconoce derechos sociales, como el derecho a la salud o a la vivienda, como principios rectores de la pol??tica econ??mica y social, y la educaci??n como derecho fundamental. Por lo tanto, ninguna medida que se aplique para limitar el d??ficit p??blico puede vulnerar estos derechos???, destac?? Ignacio Saiz, director del Centro por los Derechos Econ??micos y Sociales.
En este sentido, la propia reforma constitucional de 2011 establece que los l??mites de deuda p??blica podr??n superarse en casos de recesi??n econ??mica o situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen considerablemente la situaci??n financiera o la sostenibilidad econ??mica o social del Estado.
En mayo de 2012, por primera vez en 8 a??os, Espa??a comparecer?? ante el Comit?? de Derechos Econ??micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para rendir cuentas sobre las obligaciones contra??das al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Econ??micos, Sociales y Culturales. ??sta ser?? una oportunidad para que el Estado espa??ol explique si las medidas de respuesta a la crisis han tenido en cuenta o no las obligaciones arriba mencionadas.
FIN
Para m??s informaci??n se pueden poner en contacto con:
- Amnist??a Internacional. Carmen L??pez, clopez@es.amnesty.org. 91 310 12 77 ?? 630 746 802.
- Centro por los Derechos Econ??micos y Sociales. Luke Holland lholland@cesr.org. 91 448 39 71.
- Observatori DESC.