En el último año, la discusión internacional sobre política fiscal ha entrado en una nueva etapa que requiere la atención de toda la sociedad civil y movimientos sociales de América Latina. Aquí, te entregamos un resumen de los últimos hitos en materia de justicia fiscal, su relación con los Derechos Humanos, y por qué es importante incidir en ellos.
Por María Emilia Mamberti, Oficial de Programa en CESR.
Hay una conexión inseparable entre lo que se recauda en impuestos y la capacidad de los Estados para financiar los derechos humanos, los objetivos del desarrollo, una transición energética justa y enfrentar la crisis climática. Si bien las decisiones que los Estados toman en materia impositiva a nivel nacional son cruciales para avanzar estas agendas, es cada vez más difícil discutir temas de tributación nacional sin conectarlos con los de tributación internacional. Las actividades crecientes y diversas de las empresas multinacionales y la naturaleza de ciertas operaciones como las involucradas en los flujos financieros ilícitos generan la urgencia de avanzar las discusiones de tributación internacional para robustecer la capacidad fiscal de los Estados, en especial de los del Sur Global.
El foro donde hasta la fecha se discuten de hecho y mayormente los asuntos de tributación internacional es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un foro intergubernamental compuesto por las economías más desarrolladas del mundo. En este marco se creó la iniciativa de “erosión de la base imponible y traslado de beneficios” (más conocida como iniciativa BEPS, por sus siglas en inglés) que empezó hace una década. Bajo estos esfuerzos, en 2021 la OCDE impulsó su “marco inclusivo” ya que las medidas adoptadas van más allá de los países que integran la OCDE. Por ello, tras la gran presión ejercida por la OCDE, 138 países han firmado un primer borrador de acuerdo fiscal internacional.
Sin embargo, el liderazgo de la OCDE ha sido criticado por varios motivos. Dada la composición de esa entidad no es llamativo que el resultado de los esfuerzos realizados hasta la fecha haya sido la creación de normas que benefician principalmente a los países de mayor ingreso. En efecto, en el caso de América Latina y el Caribe los países tienen, según el caso, poco o nada que ganar de las soluciones propuestas hasta la fecha dentro del “marco inclusivo” de la OCDE. Aunque las negociaciones oficiales no incluyeron la publicación de los datos sobre el impacto que tendrían las propuestas sobre la recaudación en cada país, las estimaciones independientes muestran que la región se beneficiaría de manera ínfima de su implementación (y algunos países se verían perjudicados). Esto conllevaría aún más a alejar a los países de sus compromisos ya que los ingresos potenciales estarían muy por debajo de lo necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible o para garantizar los derechos humanos. Además, los países de la región enfrentan los déficits de transparencia, representación e inclusividad del proceso de la OCDE (que desafían incluso a los países latinos que sí hacen parte de dicha organización, pero que no llevan la delantera en las negociaciones). Las negociaciones de la OCDE no son equitativas, sino que pesa el nivel de ingresos de los países y los más ricos, con el lobby de las multinacionales allí afincadas, marcan las pautas.
Las limitaciones del proceso BEPS han sido repetidamente denunciadas por distintos actores, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, que han destacado la necesidad de contar con un foro global, único y verdaderamente inclusivo de cooperación tributaria internacional. A nivel gubernamental, las críticas han sido fuertemente lideradas por los Estados de África, mostrando el enorme potencial de la cooperación regional en esta materia, en especial para los países del Sur Global.
El paso histórico en Naciones Unidas
Como resultado de estos esfuerzos -en especial del trabajo excepcional del grupo de los países africanos, en noviembre de 2022 tuvo lugar un evento histórico: la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que, reconociendo la importancia de reforzar la cooperación fiscal internacional, llamó a iniciar debates intergubernamentales sobre la materia en el marco de esa organización. No fue nada fácil resistir la presiones de la OCDE para que la votación no saliera adelante, incluso intentaron quitarle fuerza con la resolución que promovieron los Estados Unidos para rebajar su alcance. Pero gracias a la cooperación entre los países que forman el G77 (que cuenta con 130 países) la resolución norteamericana no salió adelante y solo contó con los apoyos y abstenciones de los países de la OCDE.
El primer paso en este camino ha sido la preparación por parte del Secretario General de la ONU de un informe que analiza los instrumentos internacionales aplicables sobre cooperación fiscal. Este informe evalúa las posibles vías de acción para avanzar en las discusiones sobre tributación internacional en el marco de la ONU. En línea con varias remisiones hechas por la sociedad civil y a pesar de la defensa que muchos de los países integrantes de la OCDE han hecho de ese espacio, el informe reitera los aspectos problemáticos de esa organización como foro central de las discusiones tributarias. En efecto, el informe concluye que la OCDE no cumple con los requisitos ni procedimentales, ni sustantivos para asegurar una cooperación internacional inclusiva y eficaz. Entre otras cosas, destaca que “una participación efectiva implica que los procedimientos deben tener en cuenta las distintas necesidades y capacidad de todos los países para contribuir sustancialmente a los procesos de elaboración de normas sin restricciones indebidas, y apoyarlos para que lo hagan”.
¿Qué sigue en este camino? El informe será discutido en las próximas sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que comenzarán en el mes de septiembre. Esto genera un momento único para América Latina y el Caribe, que tanto sus gobiernos como su sociedad civil deben aprovechar. En efecto, los países de la región tienen una enorme oportunidad de involucrarse de manera genuina en este proceso de manera coordinada (y en alianza con otros países del Sur Global), de una forma que represente de manera más efectiva los intereses de sus pueblos.
Como ya hemos argumentado con nuestras organizaciones aliadas, los países de la región deberían apoyar a la ONU como el foro principal de discusión de tributación internacional no solo por su amplia y más igualitaria membresía, sino también porque es en esa organización donde se discuten orgánicamente agendas cruciales para América Latina y el Caribe, como la protección de los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible, y el cambio climático.
Además, los países de la región se encuentran especialmente bien posicionados para actuar de esa forma a partir del reciente lanzamiento de la plataforma por la tributación de Latinoamérica y el Caribe. La nueva plataforma regional, que reconoce la importancia de vincular los derechos humanos como ejes transversales de la política fiscal, da el contexto perfecto para coordinar posiciones en los debates que van a comenzar en el marco de la ONU el próximo mes.
Para que esta oportunidad histórica se haga realidad, es crucial que la sociedad civil demande el compromiso político de sus gobiernos. En toda su diversidad, muchas organizaciones y movimientos de la región pueden encontrar en estas discusiones un objetivo común. En un contexto de poli crisis global, el activismo de clima, deuda, igualdad de género, igualdad racial, justicia fiscal y derechos humanos en general, entre muchos otros, solo podrá avanzar en sus agendas si los diferentes sectores suman fuerzas y resisten el empuje de los intereses de los sectores que han creado, facilitan y dan fuerza al abuso fiscal que cuesta cada año $480 billones a nivel global.