Por Gaby Or?? Aguilar, Directora Ejecutiva Adjunta, Centro por los Derechos ??conomicos y Sociales
Hace tres años, en Abril de 2012, el Gobierno español emiti?? el Real Decreto 16/2012, justificado en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo resultado fue poner fin al acceso universal a los servicios de salud del que hasta entonces gozaba ese pa??s. Una de las principales ???medidas urgentes??? contenida en ese decreto era la suspensi??n de todos los servicios de salud a los inmigrantes que viv??an en Espa??a en situaci??n irregular, con excepci??n del servicio de urgencias para los ni??os y para las mujeres embarazadas.
Como consecuencia de esa decisi??n el gobierno dej?? sin efecto las tarjetas sanitarias ??? documentos que dan acceso a los servicios p??blicos de salud en Espa??a- de m??s de 870,000 personas excluy??ndolas del acceso a los servicios de salud y a medicamentos, incluso a tratamientos por enfermedades graves e infecciosas.
???Estamos dispuestos a dar un paso???
Ayer el Ministro de Sanidad espa??ol anunci?? en una entrevista a una agencia de noticias que los inmigrantes que se encuentran en Espa??a en situaci??n irregular volver??n a tener acceso a la atenci??n primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero anunci?? tambi??n que no recuperar??n la tarjeta sanitaria que les fue retirada en 2012, y por lo tanto, no recuperan el acceso universal a la salud. M??s a??n, dijo que la decisi??n responde a ???cuestiones de salud p??blica???, por ???no saturar las urgencias??? y porque es ???m??s pr??ctico???.
El tono reacio del anuncio y las cortapisas expresadas por el Ministro han provocado reacciones de escepticismo, y las organizaciones que trabajan por la protecci??n de la salud del colectivo inmigrante, las asociaciones que defienden la salud p??blica y los sindicatos han remarcado la insuficiencia y el oportunismo de la medida.
La medida es, efectivamente, un paso en la direcci??n correcta y para muchos inmigrantes en situaci??n irregular significa una ventana a la salud o tal vez a la vida, pero sin tarjeta sanitaria, ni acceso a tratamientos especializados, ni a medicinas, y sobre todo sin garant??a de continuidad, el derecho a la salud de este colectivo sigue siendo un tema pendiente en Espa??a.
Como ha se??alado Red ACOGE, ???el derecho a la atenci??n sanitaria sigue sin estar garantizado en Espa??a??? y M??dicos del Mundo ha expresado que ???esta medida no significa, en ning??n caso, la restituci??n del modelo universal de nuestro sistema sanitario y en ning??n caso devuelve el derecho que se elimina con el RDL 16/2012.???
M??s a??n, el gobierno espa??ol no ha explicado porqu?? al adoptar la mencionada ley consider?? que ??sta era necesaria y urgente y ahora est?? dispuesto a dar marcha atr??s por razones que nada tienen que ver con las razones econ??micas y de austeridad que en su momento esgrimi??.
La presi??n nacional e internacional
La vuelta atr??s del gobierno espa??ol no es casualidad. ???Se ha visto obligado a ceder ???aunque de manera parcial ??? como resultado de dos factores preponderantes: la presi??n sostenida y creciente desde el ??mbito nacional e internacional sobre el car??cter discriminatorio y regresivo de la medida, y del contexto pol??tico pre-electoral que vive Espa??a. Nuevos actores pol??ticos surgidos al amparo del descontento popular generado por las medidas de austeridad hab??an manifestado recientemente que incluir??an la restituci??n de la salud universal en su agenda electoral.
La adopci??n del RDL 16/2012 por el gobierno espa??ol ha sido criticada repetida y duramente por diversos organismos de Naciones Unidas, como el Comit?? de Derechos Econ??micos, Sociales y Culturales y las Relator??as y Expertos/as Independientes; por el Comit?? Europeo de Derechos Sociales y m??s recientemente, por m??s de una decena de pa??ses reunidos en el Consejo de Derechos Humanos. Estos denunciaron de manera reiterada el car??cter discriminatorio y regresivo de la exclusi??n sanitaria contra los inmigrantes ???sin papeles??? en violaci??n del derecho internacional de los derechos humanos.
Desde 2012, el Center for Economic and Social Rights (CESR) se uni?? a una amplia coalici??n de organizaciones para generar la evidencia y argumentaci??n necesarias para obtener recomendaciones y directrices de los mecanismos internacionales de derechos humanos sobre el impacto negativo de las pol??ticas de austeridad en ese pa??s. Asimismo, se uni?? a los esfuerzos de sus contrapartes nacionales M??dicos del Mundo, Red ACOGE y Amnist??a Internacional para denunciar la exclusi??n sanitaria contra uno de los sectores m??s vulnerables y golpeados por la crisis econ??mica. Las campa??as y acciones de incidencia conjunta de esta organizaciones han instalado esta preocupaci??n en la agenda pol??tica y medi??tica y m??s recientemente en la agenda electoral de los partidos pol??ticos.
El RDL 16/2012 tambi??n ha sido llevado ante las cortes. Varias Comunidades Aut??nomas ???el Pa??s Vasco, Navarra, Asturias y Andaluc??a- consideraron que la Ley era inconstitucional, que invad??a su competencia territorial y que no se justificaba como medida de emergencia y presentaron recursos contra este decreto. Estos recursos se encuentran pendientes de resoluci??n por el Tribunal Constitucional.
Recientemente, RED ACOGE y CESR presentaron una demanda contra una Orden Ministerial emitida por el Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad (SSI/Orden 1475/ 2014) que establec??a las tarifas y los requisitos para que aquellas personas que quedaron fuera del Sistema de Sanidad p??blico pudieran acceder a servicios de atenci??n b??sica a trav??s del pago de tarifas por dichos servicios ???convenios especiales???- con la administraci??n sanitara. La demanda argumenta que dicha norma es inconstitucional, al igual que la norma de la cual esta deriva (el RDL 16/2012). Las tarifas que la Orden establece son equiparables a las de los seguros privados de salud. El gobierno no tuvo en cuenta el impacto que la carga econ??mica de dicha tarifas causar??a en la poblaci??n a la que estaba dirigida. M??s a??n, la norma introduce requisitos de acceso m??s duros a??n que la propia ley que creaba dichos convenios especiales. La Audiencia Nacional admiti?? el recurso y se encuentra pendiente de resoluci??n ante dicha instancia.
Lo que queda por hacer
El acceso universal a la salud es un derecho humano y debe ser restituido en Espa??a. Desde el punto de vista sanitario ello significar??a otorgar la tarjeta sanitaria a quienes se les arrebat?? en 2012, de manera que tengan acceso a los servicios de salud, ya sea de atenci??n primaria o especializada. Desde el punto de vista jur??dico, significa derogar o modificar el art??culo 3 del Real Decreto 16/ 2012 que divide a la poblaci??n entre asegurados y beneficiarios y excluye a los inmigrantes en situaci??n irregular del acceso a salud. El gobierno a trav??s de su portavoz el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Alfonso Alonso no ha mostrado disposici??n alguna para implementar ninguno de estos Por el contrario el Ministro ha manifestado ???estar en contra??? de que los inmigrantes en situaci??n irregular tengan acceso a las tarjetas sanitarias y que eso significar??a darles un derecho que ???ning??n otro pa??s de Europa??? otorga.
El Ministro olvida que el principio de universalidad de la salud contenido en la Carta Europea de Derechos Sociales obliga a los estados miembros a brindar acceso a la atenci??n sanitaria a toda la poblaci??n sin discriminaci??n alguna e independiente de su estatus administrativo. El Comit?? Europeo de Derechos Sociales ya le hab??a recordado a Espa??a en 2014 que el RDL 16/212 transgrede el Art??culo 11 de la Carta de la cual estado es un pa??s signatario, indicando que dicho art??culo obliga a los estados a asegurar el acceso universal a la salud, es decir que el sistema de salud debe ser accesible a toda la poblaci??n sin discriminaci??n de ninguna ??ndole.
En lo inmediato, es importante vigilar que la implementaci??n de la restituci??n de la atenci??n primaria sea efectiva, respetuosa de los derechos fundamentales de este colectivo. En el mediano y largo plazo, CESR continuar?? trabajando con sus contrapartes nacionales por la restituci??n del derecho al acceso y a la cobertura sanitaria universal en Espa??a.