Este blog, originalmente publicado en el sitio web de la Global Alliance for Tax Justice, es parte de una serie que explora las cinco demandas de los Días de Acción Mundial de 2025 sobre Justicia Fiscal para los Derechos de las Mujeres. También está disponible en inglés y francés. Como aliada en la lucha por una fiscalidad justa y feminista, la Global Alliance for Tax Justice desempeña un papel clave en el avance de estas demandas urgentes.
La actual arquitectura financiera global, diseñada en tiempos coloniales, representa principalmente los intereses de sus creadores, en particular de personas y sociedades ricas de los países colonizadores, y agrava las crisis del clima, la deuda y la desigualdad. Esa arquitectura se basa en un sistema económico en que el Sur global subsidia al Norte global mediante el pago de la deuda y las Facilidades Financieras Internacionales (IFF) y las mujeres y mujeres jóvenes subsidian la economía asumiendo el trabajo de cuidado no remunerado. Al arribar al 30mo aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, debemos estar atentos al rol de los impuestos en la promoción o el retroceso de la igualdad, los derechos y la protección de mujeres y mujeres jóvenes.
Por Martha Hungwe y Dra. Maria Ron Balsera, Center for Economic and Social Rights (CESR)
Debemos conjugar esfuerzos y hacer un llamado por la creación de políticas fiscales progresivas que aseguren que las personas y sociedades ricas aporten su parte justa, lo cual abriría el espacio de maniobra tributaria necesario para una economía del cuidado sensible al género. Al financiar servicios básicos como cuidados infantiles, cuidados a los ancianos, asistencia sanitaria, educación y protección social, podemos reducir la carga de cuidado desproporcionada que pesa sobre las mujeres y las comunidades marginadas. Las políticas fiscales regresivas, que afectan injusta y desigualmente a las mujeres, especialmente a aquellas de bajos ingresos, deben derogarse.
La justicia fiscal es esencial para reducir la brecha de género en materia de ingreso, riqueza y acceso a servicios. El sistema impositivo global no es incluyente; al contrario, acentúa las desigualdades de género. Las mujeres, especialmente aquellas con empleos precarios, informales y mal remunerados, asumen la carga de las políticas de austeridad, el trabajo de cuidado no remunerado y los impuestos regresivos. La dependencia en tributos indirectos (por ejemplo, el IVA) afecta a las mujeres de forma desproporcionada, mujeres que destinan una mayor parte de sus ingresos a las necesidades hogareñas, la educación y los costos de asistencia sanitaria. Los impuestos progresivos, que aumentan las tasas según los ingresos y el patrimonio, deben remplazar a las estructuras fiscales regresivas para asegurar la redistribución de la riqueza y la igualdad de género.
La evasión y el fraude fiscal de las sociedades cuestan a los gobiernos cientos de miles de millones al año ($492 mil millones, según TJN) y priva a los servicios públicos de los fondos necesarios para apoyar a las mujeres y a las comunidades vulnerables. Los derechos de las mujeres y los servicios públicos se ven socavados directamente por los vacíos legales fiscales y los flujos financieros ilícitos. Combatir los abusos fiscales (mediante cooperación fiscal global, medidas de transparencia y mecanismos de cumplimiento más fuertes) es crucial para financiar la justicia de género. La creación de una Convención fiscal liderada por la ONU representa un paso fundamental en la lucha por la justicia fiscal, pues fundaría un foro de toma de decisiones más equitativo para todos los países, incluidos aquellos que han sido tradicionalmente excluidos. Si logramos consolidar un sistema fiscal internacional justo, los países podrán desbloquear recursos muy necesarios e invertirlos en servicios públicos sensibles al género, protección social y justicia económica, sentando así las bases de un mundo que fortalezca los derechos, en lugar de minarlos.
Gobernanza fiscal global por los Derechos de las mujeres
Las actuales políticas fiscales fueron concebidas para proteger los intereses corporativos, incluso por encima de los derechos humanos, lo cual refleja el legado de las estructuras financieras coloniales y patriarcales. Transferir la gobernanza fiscal global a las Naciones Unidas crearía un sistema más justo que integre la igualdad de género en las negociaciones y políticas fiscales. Una Convención fiscal de la ONU debe dar la prioridad a los derechos de las mujeres y a la justicia interseccional de género en la gobernanza económica global.
Recomendaciones claves para implementar los impuestos transformadores de género (para obtener más información, haz clic aquí)
- Adoptar políticas fiscales progresivas para financiar la igualdad de género y los servicios públicos.
- Asumir una perspectiva de género en todo el ciclo presupuestario, lo cual aseguraría que las políticas fiscales reduzcan activamente las disparidades de género.
- Asegurar la participación de las mujeres en la elaboración de políticas fiscales, en particular de mujeres indígenas, negras, migrantes y de comunidades rurales.
- Controlar los abusos fiscales aplicando normativas más estrictas a las sociedades multinacionales y a las personas de altos recursos.
- Redistribuir la carga fiscal: hacer la transición de los impuestos al consumo a los impuestos al patrimonio y las sociedades.
- Eliminar incentivos fiscales nocivos que benefician a los ricos a expensas de los servicios sociales.
- Crear impuestos para compensaciones históricas, especialmente de mujeres negras e indígenas que han sufrido discriminación estructural.
- Incrementar la transparencia fiscal solicitando a las sociedades que publiquen datos tributarios desglosados por género y raza.
- Elaborar y publicar análisis de impacto de género de las políticas fiscales.
- Apoyar una Convención Fiscal de la ONU globalmente incluyente para asegurar que la justicia fiscal internacional coincida con los objetivos de igualdad de género.
Un futuro fiscal feminista
Un sistema fiscal justo es la piedra angular para reunir los recursos necesarios para defender los derechos humanos y resolver la desigualdad. Los Estados pueden promover una sociedad más justa aplicando impuestos que generen ingresos para financiar los derechos y los servicios públicos, redistribuir la riqueza para reducir la desigualdad, cambiar los precios de bienes y servicios para restar incentivos a las prácticas nocivas, aumentar la representación para mejorar la gobernanza democrática y corregir el legado histórico de la colonización y del daño ecológico (mediante reparaciones).
Una economía realmente equitativa y feminista exige el desmantelamiento de los sesgos de género que exhiben los sistemas impositivos. Un sistema fiscal justo y sensible al género redistribuirá la riqueza, financiará los servicios sociales y empoderará económicamente a las mujeres, lo cual garantizará que la carga del trabajo de cuidado y la inseguridad financiera no recaigan desproporcionadamente en las mujeres y los grupos marginados.