¿Se alineará el FMI con los derechos humanos y la justicia fiscal después del COVID-19? Lecciones desde América Latina y el Caribe

Con el objetivo de discutir formas de alcanzar estos objetivos, el Center for Economic and Social Rights (CESR) co-organizó un evento en el Foro de Política de la Sociedad Civil de las Reuniones Anuales del FMI y el Grupo del Banco Mundial de 2020. El evento "Cambiando las reglas para una justa recuperación: alineando el trabajo del FMI con la justicia fiscal y los derechos humanos en ALC", fue patrocinado por las 7 organizaciones de la sociedad civil que integran la Iniciativa por los Derechos Humanos en Política Fiscal ,  así como por Latindadd  y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe .

Como moderador de la mesa, el director ejecutivo de CESR, Ignacio Saiz, introdujo la discusión destacando la importancia de una política fiscal expansiva, redistributiva y responsable para salvaguardar los derechos humanos en respuesta a la pandemia de COVID-19. Señaló que en el contexto de la pandemia, la insistencia del FMI en la consolidación fiscal después de la emergencia es particularmente alarmante. Posteriormente, las y los panelistas hablaron sobre las implicaciones que el papel del FMI tiene en la práctica para los derechos humanos, con base tanto en experiencias nacionales como internacionales.

Nathalie Beghin (INESC , Brasil, en representación de varias coaliciones, incluida la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Latindadd y la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal antes mencionada) señaló que el objetivo principal de la política fiscal debe ser la realización de los derechos humanos. Sin embargo, las élites de la región han desarrollado una narrativa falsa en torno a la política fiscal centrada en reducir el gasto público "excesivo", ayudada e instigada por el FMI. Como consecuencia, argumentó que las políticas fiscales en la región son “sexistas, racistas y van en contra de los pobres”. Por ejemplo, las medidas de austeridad en Brasil, que fueron apoyadas abiertamente por el FMI, afectaron de manera desproporcionada a las personas que ya estaban en desventaja .

Andrea Guillem del Centro de Derechos Económicos y Sociales - CDES del Ecuador, explicó que el período sostenido de crecimiento económico, reducción de la pobreza y reducción del desempleo en Ecuador, terminó después de que se implementaran las medidas de austeridad propuestas por el FMI desde el 2018. Las medidas se tomaron sin consulta previa, desencadenando protestas y movilizaciones, profundizando las condiciones estructurales que afectan a los grupos desfavorecidos. Sostuvo que, para revertir estas tendencias de deterioro social y económico, es esencial un mayor diálogo con las partes interesadas de la comunidad, la sociedad civil y la protección del acceso a los servicios básicos. Esto es especialmente importante ahora, cuando el FMI acaba de anunciar un nuevo acuerdo con Ecuador sobre un crédito adicional en la línea de Servicio Ampliado del Fondo. En este anuncio se informó que el FMI “apoyará las políticas de Ecuador para ampliar la cobertura de los programas de asistencia social, proteger a los segmentos vulnerables de la población, asegurar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, y fortalecer instituciones nacionales”. Y, sin embargo, este anuncio contrasta con las condiciones y recomendaciones que piden una mayor contracción fiscal y reducción del déficit en los próximos años.

Mariano Sardi, del Ministerio de Economía de Argentina,  destacó la importancia de los principios de buena fe y sostenibilidad en la reestructuración de la deuda externa, basándose en la experiencia reciente del país en negociaciones con sus acreedores. También discutió el “derecho a la inclusión financiera”, y señaló que el acceso efectivo a servicios financieros asequibles y no discriminatorios era clave para perseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), eliminar la pobreza extrema, promover la igualdad de género y asegurar el derecho a un nivel de vida adecuado.

Franciscka Lucien (Instituto para la Justicia y la Democracia, Haití) analizó el impacto de los programas del FMI en Haití, que provocaron recortes drásticos en el gasto social que llevaron a un ciclo de dependencia de la asistencia y la ayuda extranjeras. Sostuvo que la pandemia representa una llamada de atención, haciendo evidentes las consecuencias del ajuste estructural. De hecho, lo mejor que puede hacer el FMI por la estabilidad social y la prosperidad es proteger la capacidad de los Estados para invertir en los sectores sociales, argumentó.

Finalmente, José Antonio Ocampo (ICRICT  y Panel FACTI de la ONU) señaló que el FMI ha realizado un buen trabajo analítico e investigativo, admitiendo la necesidad de políticas redistributivas y reforma de la tributación internacional. También resumió algunas de las propuestas de reforma actuales que se están presentando en materia de tributación internacional, como el establecimiento de una autoridad en cuestiones tributarias internacionales bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la necesidad de un Registro Global de Activos .

Para concluir, Ignacio Saiz remarcó que las presentaciones mostraron que el FMI tiene un largo camino por recorrer para cerrar la brecha entre la retórica y la práctica, especialmente en el contexto de la crisis actual. Lamentablemente, el FMI no dispuso la participación  de ningún miembro de su personal  en la realización de este evento, a pesar de los esfuerzos realizados por los organizadores para hacerles llegar la invitación. Por lo tanto, pidió a los participantes que cierren el evento con algunas recomendaciones concretas que podrían transmitirse al FMI después de la reunión. Estos incluyeron:

• Dejar de recomendar o exigir a los Estados la adopción de medidas de austeridad (en línea con la carta abierta  firmada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil y académicos, que se pronunciaron a propósito de las Reuniones Anuales);

• Llevar a cabo evaluaciones del impacto en los derechos humanos, de conformidad con los Principios rectores sobre las evaluaciones del impacto en los derechos humanos de las reformas económicas  del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los efectos de la deuda externa en el pleno disfrute de los derechos humanos;

• Apoyar la rendición de cuentas por el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los Estados y reconocer los deberes, obligaciones y rendición de cuentas del Fondo con respecto a los derechos humanos;

• Utilizar los Principios y Directrices  sobre Derechos Humanos en la Política Fiscal (en proceso de elaboración) para orientar su trabajo;

• Escuchar a los más afectados por sus recomendaciones de políticas de ajuste fiscal, estableciendo procesos obligatorios de participación con las comunidades y la sociedad civil en el marco de sus misiones de país;

• Considerar las circunstancias especiales de los grupos de bajos ingresos, las mujeres y los trabajadores informales para cambiar su enfoque frente a las economías de ingresos bajos y medianos;

• Apoyar la imposición de impuestos sobre el patrimonio a los superricos.

Los participantes señalaron su decepción por la ausencia de representantes del FMI en un foro diseñado expresamente para fomentar el diálogo entre el personal del FMI y la sociedad civil. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil participantes están ansiosas por continuar construyendo un diálogo constructivo con el Fondo sobre las implicaciones de la política fiscal en los derechos humanos, un tema que afecta a todos y que ya no puede ser considerado fuera  de su mandato. Como dijo Ignacio Saiz de CESR en sus palabras de clausura dirigidas al Fondo, "si el trabajo de ustedes afecta a los seres humanos, entonces su trabajo tiene que ver con los derechos humanos".

La grabación del evento está disponible aquí  (desplácese al sexto clip) . 

Agradecemos la traducción del texto original realizada por nuestros colegas del Centro de Derechos Económicos y Sociales del Ecuador (CDES)