Políticas Fiscales y Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y Perú

New York/Santo Domingo, May 10—La política fiscal desempeña un papel central en la reducción de la desigualdad y la realización de los derechos humanos para todas y todos, sin discriminación. Con la ocasión del 168º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta semana en la República Dominicana, CESR y sus contrapartes en la región están llevando a cabo una audiencia temática para destacar una preocupación fundamental: que la mayoría de los países latinoamericanos aún no han aprovechado el enorme potencial transformador que tiene la política fiscal en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y las violaciones estructurales de derechos humanos.

 

Desde que CESR y sus contrapartes organizaron la primera audiencia temática sobre política fiscal y los derechos humanos en la CIDH en 2015, América Latina ha vuelto a experimentar un aumento de la pobreza, y los progresos en la reducción de la desigualdad se han frenado. 187 millones de personas en la región son pobres, es decir, el 30,7% de la población, y la desigualdad económica a nivel regional sigue siendo la más alta del mundo. Las políticas fiscales no están abordando estas brechas, pese al creciente reconocimiento por parte de la CIDH, así como de los organismos del sistema universal de derechos humanos y de instancias judiciales domésticas, de que las normas de derechos humanos son plenamente aplicables al control de las políticas económicas, incluidas las políticas fiscales.

 

Por esta razón, una coalición de doce organizaciones destacadas de derechos humanos y de desarrollo que trabajan a nivel local, nacional, regional y global (enumeradas a continuación) ha convocado la segunda audiencia temática sobre el impacto de la política fiscal en América Latina en la CIDH esta semana. Esta vez, el enfoque se centra en cuatro situaciones específicas de violaciones de los derechos humanos derivadas de las políticas tributarias y fiscales en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Un informe conjunto acompañante - "Políticas Fiscales y Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y Perú" - demuestra el papel transformador que puede y debe jugar la política fiscal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para superar los déficits históricos de derechos humanos que enfrenta América Latina en la actualidad.

 

Como muestra el informe, la política fiscal en América Latina no ha tenido mayor efecto en reducir la desigualdad económica, e incluso en algunos países dicha política empeora la situación de los más pobres, los cuales terminan siendo pagadores netos, en vez de beneficiarios del sistema en su conjunto. Los países de la región se caracterizan por políticas fiscales poco transparentes, poco participativas y de carácter predominantemente regresivo, es decir, con una carga impositiva baja y una estructura tributaria desequilibrada y sesgada hacia los impuestos indirectos.

 

El informe temático ofrece evidencia concreta de Argentina, Brasil, Colombia y Perú que muestra la importancia de las políticas fiscales para el disfrute de los derechos humanos, especialmente por las poblaciones más excluidas socialmente y económicamente. Destaca los impactos de las medidas de austeridad sin precedentes en Brasil, la urgente necesidad de reformas tributarias para implementar el Acuerdo de Paz en Colombia, y el papel de las políticas fiscales regresivas en la perpetuación de las desigualdades en el acceso a la educación, salud, vivienda y seguridad social en Perú y Argentina.

 

El estudio destaca también que los Estados no han hecho lo suficiente para movilizar el máximo de los recursos disponibles, ni para manejarlos de manera eficiente para “lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos” de la población, según lo disponen las normas de derechos humanos. Una combinación de reformas tributarias que graven la renta y la riqueza a través de impuestos progresivos, la derogación de privilegios tributarios inútiles, la implementación de estrategias efectivas de combate a la evasión y la elusión fiscal, así como un mejor diseño y monitoreo del gasto público son todas alternativas viables para evitar una nueva era de austeridad en la región. En su conjunto, los argumentos y la evidencia expuestos en el informe proponen de manera urgente alinear la política fiscal con los principios de derechos humanos para asegurar la disponibilidad de los recursos públicos de manera suficiente, equitativa, sostenible y con rendición de cuentas, para garantizar la realización de los derechos.

 

Los organismos del Sistema Interamericano, y en particular la CIDH, tienen un papel clave de prevenir los abusos de los derechos humanos relacionados con la política fiscal, y también de asegurar que las normas y principios de derechos humanos sean plenamente aplicables al monitoreo y vigilancia de las políticas fiscales.

 

En la audiencia temática de esta semana, las organizaciones peticionarias presentarán varias recomendaciones a la CIDH para consolidar su ámbito de protección ante las violaciones de derechos humanos que resultan de los impactos de las políticas fiscales regresivas e injustas. Estas incluyen la elaboración de un informe temático sobre el tema, y la cooperación con las instituciones nacionales de derechos humanos para ayudarles a implicarse en el monitoreo y vigilancia de la política fiscal.

 

Esta iniciativa está organizada por el Center for Economic and Social Rights (CESR), el Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), Conectas Derechos Humanos, la Plataforma de Derechos Humanos (DHESCA Brasil), Justiça Global, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Foro Salud, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y OXFAM.