Organizaciones de derechos humanos y justicia fiscal llaman a Estados a reformar tributación a multinacionales
En el marco de la consulta que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) adelanta sobre los desafíos de la tributación corporativa en la era de la economía digital, organizaciones de justicia fiscal y de derechos humanos en América Latina se unieron para reclamar cambios significativos en las reglas de la tributación global que frenen la elusión fiscal y la carrera a la baja en las tasas de impuestos corporativos.
La Iniciativa por los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal en América Latina -conformada por CESR, ACIJ, Dejusticia, CELS, INESC y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (que a su vez agrupa a 21 organizaciones de justicia fiscal de la región)- resaltó que las reglas vigentes no son aptas para que los Estados, en particular los de menores ingresos, puedan cumplir con su obligación de movilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos y revertir las desigualdades. En particular, el principio de que las multinacionales deben ser tratadas como entidades independientes que realizan transacciones a precios de mercado para efectos tributarios y que la presencia de un establecimiento físico es la que determina el derecho de un Estado a imponer tributos a las corporaciones han probado ser pilares inadecuados del actual sistema. Por ende, es preciso buscar unas reglas que, además de ser aptas para los nuevos tiempos, sean justas y beneficien en mayor medida a los países de menores ingresos.
El documento enviado por las organizaciones a la OCDE señala que la elusión fiscal y la reducción de las tarifas efectivas del impuesto a la renta corporativa, o la concesión de privilegios tributarios poco transparentes y sin ninguna clase de evaluación a las multinacionales producto de la competencia tributaria, están privando a los Estados de la región de valiosos recursos para la salud, la educación y para los derechos sociales en general, así como para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos fenómenos, además, han venido acompañados de un traslado de la carga tributaria a pequeñas y medianas empresas y de un aumento de impuestos indirectos como el IVA que recaen de forma más fuerte en la población de menores ingresos, generando impactos desproporcionados en las mujeres, las comunidades rurales y otras poblaciones discriminadas.
Justamente, el envío coincide con la publicación de un reporte por parte del Fondo Monetario Internacional, en el que se estima que los países en desarrollo son los más afectados por el traslado ficticio de los beneficios corporativos a jurisdicciones de baja tributación, con pérdidas que ascienden a 1,3% del PIB para los países que no son miembros de la OCDE.
El documento enviado por las organizaciones hace un llamado a que las obligaciones en derechos humanos sean consideradas de forma transversal en la evaluación de alternativas y a que los Estados actúen en coherencia con dichas obligaciones en los espacios de negociación multilateral. Estas obligaciones imponen unas exigencias básicas de justicia tales como la necesidad de crear reglas para proteger y expandir las facultades de los países en desarrollo para movilizar ingresos a través de la tributación corporativa, y de impedir que las decisiones de otros países generen presiones indebidas a la baja en las tasas de tributación.
En tal sentido, el documento respalda la propuesta realizada por ICRICT de que las multinacionales tributen como una unidad y no como entidades separadas, bajo una fórmula sencilla que garantice que los beneficios y los impuestos asociados puedan asignarse con base en factores objetivos como las ventas, el empleo y los recursos utilizados por la empresa en cada país. Combinada con el establecimiento de una tasa mínima efectiva de impuesto corporativo y otros mecanismos de cooperación tributaria, estas reformas podrían eliminar buena parte de los incentivos y las fallas del sistema actual que impiden que las multinacionales paguen lo que les corresponde en impuestos de forma tal que los Estados puedan cumplir sus obligaciones en derechos.
La Iniciativa seguirá adelantando acciones para alinear las políticas fiscales y tributarias con los principios de derechos humanos y contribuyendo a los esfuerzos en pro de las reformas requeridas a nivel global.
