La pobreza y la desigualdad están tan extendidas y tan generalizadas que pueden parecer una tragedia inevitable. La magnitud de la privación y la dificultad para identificar a los responsables pueden hacernos caer en la pasividad, la impotencia y la resignación. Pero la pobreza, entendida como la falta de nivel de vida suficiente y de capacidad para vivir con dignidad, no es algo "natural". Es el resultado de las acciones, u omisiones, de dirigentes políticos y otros poderosos actores en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional. La persistencia de la pobreza depende de las decisiones políticas tomadas por personas identificables e instituciones con el poder de decidir cuántos niños y niñas sobrevivirán más allá de los cinco años, cuántos se irán a dormir con hambre y cuántos recibirán una educación básica.
"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." --Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 2(1).
Aunque los Gobiernos de todo el mundo se han comprometido a garantizar los derechos económicos y sociales de forma progresiva, dichos compromisos solo pasan a ser una realidad cuando esos Gobiernos tienen que rendir cuentas, tanto política como legalmente, por no haber sido capaces de hacer frente a los patrones de privaciones evitables de derechos.
En ocasiones este fracaso es manifiesto, en especial cuando la privación de derechos procede de acciones u omisiones abusivas o negligentes por parte de las autoridades, como la evacuación arbitraria de personas (un incumplimiento de la obligación de respetar los derechos) o como la falta de actuación ante padres que no permiten que sus hijas vayan al colegio (un incumplimiento de la obligación de proteger). Sin embargo, la pobreza y la desigualdad son con mayor frecuencia el resultado de la incapacidad de crear condiciones en las que las personas puedan acceder a sus derechos. En tales casos, es más difícil determinar sobre quién recae la responsabilidad de implementar los derechos económicos y sociales.
Es esencial llevar a cabo un monitoreo efectivo para que los derechos humanos se cumplan plenamente y para garantizar la exigibilidad cuando las leyes y las políticas causen, perpetúen o exacerben la privación de los derechos económicos y sociales. No obstante, puede suponer todo un desafío establecer que esos fracasos políticos equivalen a una violación de la obligación de garantizar los derechos económicos y sociales. Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales están sujetos a una "efectividad progresiva" en función del "máximo de los recursos de que disponga" un Estado. El aspecto condicional de este lenguaje, sumado a la complejidad de las políticas públicas, hace difícil asociar los errores de la política con los patrones de privaciones evitables de derechos.
A lo largo de la pasada década se ha ido reconociendo de forma creciente que, para poder valorar en su totalidad los derechos económicos y sociales, se tiene que ampliar el enfoque de "violaciones" que se adopta en el monitoreo actual de los derechos humanos -históricamente centrados en los derechos civiles y políticos. El movimiento por los derechos humanos ha logrado enormes avances en el desarrollo y adopción de herramientas y técnicas innovadoras a la hora de monitorear la aplicación de los derechos económicos y sociales.
CESR ha estado a la vanguardia de este trabajo para forjar un nuevo camino en la medición y el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de los Estados para garantizar los derechos económicos y sociales. Creemos que el monitoreo de los derechos humanos puede ser una potente herramienta de incidencia para la justicia social. Por eso, en CESR trabajamos para facilitar recursos y publicaciones prácticas y accesibles a organizaciones de la sociedad civil, ONG, instituciones nacionales de derechos humanos y otros grupos de incidencia, sobre cómo utilizar herramientas multidisciplinarias para un mejor monitoreo del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y para la exigibilidad sobre la negación de violaciones de estos derechos.