Celebramos el nuevo proyecto de resolución: “Promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz en las Naciones Unidas” (A/C.2/78/L.18), presentado recientemente por Nigeria en nombre del grupo africano. Sorprendentemente para muchos, hablar de impuestos se ha vuelto muy interesante, ¡incluso adictivo! Esto se debe a que los impuestos son la mejor manera de recaudar ingresos para pagar los servicios públicos, la transición climática, el desarrollo y los derechos humanos. Una reforma fiscal progresiva sería clave para resolver las policrisis actuales: crisis climática y de deuda, niveles crecientes de pobreza y desigualdad, y crisis de gobernanza. A diferencia de la austeridad y la privatización, la reforma fiscal progresiva ofrece una manera respetuosa de los derechos humanos de recaudar y asignar el máximo de recursos disponibles, y otros potencialmente disponibles, para financiar adecuadamente los servicios públicos y el financiamiento sostenible para la resiliencia y la adaptación al clima.
Cuando se habla de justicia fiscal, la parte “fiscal”podría verse como muy técnica, pero la parte de “justicia” todo el mundo puede entenderla. Y sabemos que la situación actual es bastante injusta, cuando según una estimación conservadora, 480 billones de dólares se pierden cada año debido al abuso fiscal global, ¡casi la misma cantidad que se estima que es la brecha de financiamiento necesaria para realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible! Esto sucede mientras la desigualdad sigue aumentando, y en los últimos años el 1% más rico acumuló casi el doble de riqueza que el resto del mundo.
Más que técnicos, los impuestos son altamente políticos. Cuando el FMI sigue presionando para aumentar el IVA o los impuestos sobre las ventas para la consolidación fiscal(otro nombre para la austeridad y el pago de la deuda), está dando prioridad a los intereses de los inversores y acreedores sobre los intereses de las personas y del planeta. Los impuestos regresivos, como el IVA o los impuestos sobre las ventas, tienen consecuencias negativas para las mujeres y los hogares de bajos ingresos, ya que tienen que dedicar a pagarlos una mayor proporción de su riqueza o ingresos que los hogares de mayores ingresos. Los Impuestos sobre la Renta de las Empresas o Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas bien diseñados, con escalas que aumentan a medida que aumentan las ganancias o los ingresos (excluyendo a aquellos con bajos ingresos y a las pequeñas empresas que generan ganancias bajas o nulas), son mucho más progresivos, y todo el mundo los debería apoyar. Otros ejemplos de impuestos progresivos son los impuestos sobre el patrimonio (que podrían recaudar hasta 1,7 trillones de dólares al año), los impuestos sobre las ganancias extraordinarias (que podrían recaudar hasta 941 billones de dólares al año), etc. Estos impuestos no sólo ayudan a recaudar ingresos para pagar los servicios públicos y satisfacer las obligaciones de derechos humanos, sino que también ayudan a redistribuir la riqueza y las oportunidades, disminuyendo las desigualdades de riqueza y otras desigualdades sociales. La tributación progresiva también puede ayudar a incentivar la demanda de productos o actividades sostenibles y saludables, al tiempo que desincentiva los productos o actividades insalubres o tóxicos. Tener una relación saludable entre impuestos y PIB también está vinculado a niveles más altos de gobernabilidad y representación democrática, ya que contribuyen a fortalecer los contratos sociales de pago de impuestos, obtención de servicios públicos y cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Sin embargo, existe un impulso ideológico a favor de impuestos más bajos, incentivos fiscales y una economía basada en el mercado. Esta ideología prioriza la inversión extranjera como la mejor manera de aumentar el PIB, sin tener en cuenta sus impactos de género, climático o derechos humanos. Sin embargo, las investigaciones, incluidos artículos del FMI, muestran el impacto perjudicial de los incentivos fiscales. Hace unas semanas, en Marrakech, Kristalina Georgieva habló de las limitadas posibilidades de desarrollo de los países que tienen una relación impuestos/PIB inferior al 15% (algo argumentado por Piketty). La elusión fiscal, legal pero moralmente incorrecta, y la evasión fiscal, que es un acto ilegal, han resultado en pérdidas fiscales de casi medio triillón de dólares al año. Los intrincados esquemas que elaboran facilitadores como abogados, firmas de contabilidad, bancos y otros, rara vez son públicos, pero algunos escándalos dan una idea de la magnitud, como los Papeles de Pandora, los Papeles de Panamá, etc.
Durante más de una década, la OCDE ha invertido enormes recursos en la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios para detener la evasión y elusión fiscal que socavan la capacidad de los países para crecer. El prometedor Marco Inclusivo “para nivelar el campo de juego” (que comenzó en 2016), con sus dos pilares, ha sido una oportunidad histórica perdida. No sólo el impuesto mínimo de sociedades se redujo en el último momento del 25% a un ridículo 15%, lo que provocó una nueva carrera hacia la baja para atraer inversión extranjera. También añade la opción de exclusiones para futuras exenciones fiscales. La urgente necesidad de gravar la economía digital, para garantizar que empresas como Uber, Microsoft, Google, etc., paguen impuestos donde se llevan a cabo las actividades y se obtienen ganancias, no ha sido mucho más fructífera. El acuerdo actual favorece en gran medida a los países de altos ingresos, como Estados Unidos, donde tienen su sede la mayoría de estas corporaciones. Establece un umbral arbitrario de 750 millones de dólares en ganancias (lo que con los esquemas actuales significaría que Amazon está exenta). Sin embargo, incluso cuando Estados Unidos ha estado detrás de la mayoría de estas medidas y está presionando a todos los países para que firmen el acuerdo, ¡Pero EEUU no piensa hacerlo! Los países, especialmente los de ingresos bajos y medios, deberían pensarlo dos veces antes de ratificar este acuerdo del Marco Inclusivo, que los llevaría a renunciar a sus derechos tributarios para recaudar ingresos de estas corporaciones. El Observatorio Fiscal de la UE estima que las ganancias potenciales (al implementar el Monto A del Pilar 1) serían sólo “el 0,17% de los ingresos fiscales actuales para los países en desarrollo y el 0,15% para los países en desarrollo y menos desarrollados”. Es por eso que los países deberían considerar alternativas, como impuestos a los servicios digitales o retenciones en origen que se estima generarán ingresos similares o mayores.
Entonces, ¿hay algo positivo que esté sucediendo? ¡Por supuesto! Los grupos de Justicia Fiscal vieron sus sueños hacerse realidad cuando, en nombre del grupo africano, Nigeria presentó una resolución en la ONU para cooperar en asuntos fiscales, denominada “Promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz en las Naciones Unidas”. A pesar de todas las presiones para no presentarla, la resolución fue adoptada por consenso en la ONU, sin necesidad de votación. Sin embargo, se votó una enmienda presentada por Estados Unidos que pretendía quitarle peso a la resolución. La mayoría de los países de la OCDE votaron a favor, pero no obtuvieron suficientes votos porque son una minoría en la ONU. Y ahí está la clave: la mayoría de las normas y decisiones fiscales globales las dictan unos pocos países del G20 (sobre todo el G7). A lo largo de los años, la OCDE ha desempeñado este papel global, al tiempo que buscaba promover la prosperidad económica de sus miembros. En la ONU, los países tienen igualdad de condiciones: un país, un voto (en lugar de votos basados en contribuciones económicas). En la ONU, los países de ingresos bajos y medios representan la mayoría y quieren un sistema justo donde se escuchen sus voces. La resolución de Noviembre de 2022 presentada por Nigeria en nombre del grupo africano derivó en una convocatoria de contribuciones (puede encontrar nuestro resumen de las contribuciones recibidas aquí), que resultó en que el Secretario General de la ONU, Guterres, propusiera tres opciones, seguido de discusiones y negociaciones abiertas y cerradas en el comité segundo de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se vienen llevando a cabo desde Septiembre de este año.
La nueva resolución presentada por el grupo africano representa un paso sólido hacia un Convenio Fiscal de la ONU y un órgano de tratado fiscal de la ONU. Un instrumento imprescindible para promover una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz. Las Naciones Unidas son el espacio más adecuado para garantizar la equidad procesal y sustantiva, de modo que los gobiernos puedan cooperar mejor en la generación de financiamiento para el desarrollo, la lucha contra los flujos financieros ilícitos, la recuperación y devolución de activos robados y la promoción de la integridad financiera para el desarrollo sostenible. Históricamente, los países de ingresos bajos y medios han sido los más afectados por el efecto corrosivo del abuso fiscal, que está privando a sus gobiernos de recaudar recursos suficientes para proporcionar servicios públicos de buena calidad, cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y financiar la resiliencia y la adaptación al clima.
Un Convenio Fiscal de la ONU puede y debe trabajar junto con la OCDE, no son mutuamente excluyentes. Pero ya no podemos aceptar las excusas de la “duplicación”, la “confusión” o la “falta de experiencia”, cuando el Marco Inclusivo de la OCDE claramente no está cumpliendo su mandato de nivelar el campo de juego y detener la evasión y elusión fiscal. La cooperación fiscal internacional debe estar alineada con los derechos humanos, con la agenda de financiación para el desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible, y debe ser transparente, responsable y participativa. Un Convenio Fiscal de la ONU garantizaría eso y es por eso que todos deberíamos apoyarlo y cuestionar los motivos de quienes no lo hacen.