En un contexto de desaceleración económica en la Región Andina, se hace necesaria una agenda fiscal estructural y transformadora, orientada a lograr un nuevo modelo de desarrollo sostenible que tenga como ejes la igualdad, la sostenibilidad medioambiental y la realización de los derechos humanos. Esta es una de las conclusiones de un nuevo informe publicado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR) tras una serie de diálogos como parte de un ejercicio de mapeo sobre la relación entre la política fiscal, la desigualdad y los derechos humanos en la región.
El informe, “Política Fiscal para la Igualdad y los Derechos: Mapeo de debates, iniciativas y actores en la Región Andina”, enfatiza que tal transformación sólo será posible si las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales pueden participar eficazmente en la configuración de las políticas fiscales y en las decisiones sobre cómo administrar y distribuir los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales. Sostiene que los derechos humanos constituyen un discurso unificador y un marco de rendición de cuentas para promover la justicia fiscal de las mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyas voces e intereses han sido tradicionalmente excluidos de los debates de política fiscal.
Hacer un balance del trabajo de incidencia en materia de justicia fiscal, desigualdad y derechos humanos es un primer paso esencial para fomentar alianzas e identificar objetivos comunes a través de las agendas de los distintos actores involucrados en los debates sobre la política fiscal en la región. Para ello, el CESR, junto con seis organizaciones aliadas que trabajan en el ámbito regional y nacional – el Centro de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), la Red de Justicia Tributaria de América Latina y el Caribe, Latindadd, la Red de Justicia Fiscal de Colombia, Oxfam Internacional y el Grupo Nacional Sobre Presupuesto Público en Perú- realizó un ejercicio de mapeo enriquecedor y participativo, que contó con el apoyo de la Oficina de la Región Andina de la Fundación Ford. El objetivo fue examinar el estado de los debates sobre la reforma fiscal en los países andinos así como las iniciativas y estrategias que están siendo implementadas por los actores de la sociedad civil, incluidos los movimientos sociales. Teniendo como base el aporte de más de 50 organizaciones y expertos consultados, el informe de resultados ofrece una hoja de ruta para la acción de la sociedad civil que busca lograr reformas fiscales progresivas y estructurales.
Los recursos naturales han sido considerados una ‘maldición’ para los países en desarrollo. Sin embargo, hay consenso en que el impacto de la explotación de los recursos naturales sobre la economía y el desarrollo de un país depende, entre otros factores, de la calidad de su gobernanza institucional. Una gobernabilidad sólida incluye la gestión de los desafíos fiscales derivados de la explotación de los recursos naturales. Si bien existe abundante literatura económica que examina las reglas, principios y estrategias fiscales para fortalecer la gestión de estos ingresos, se ha prestado mucho menos atención al papel de la política fiscal y la tributación para lograr un desarrollo sostenible, reducir la desigualdad socioeconómica y garantizar los derechos humanos en los países ricos en recursos.
En la Región Andina, el auge de los recursos naturales en los últimos 15 años no se ha traducido en un desarrollo económico a largo plazo ni ha servido para reducir la pobreza o la desigualdad de ingresos en la medida que se esperaba, tal como acentúa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). Más aún, según los datos más recientes sobre tendencias económicas, mientras que los ingresos fiscales aumentaron ligeramente en América Latina en 2016, estos disminuyeron sustancialmente en la Región Andina debido a su gran dependencia de las industrias extractivas ya la constante disminución del precio de los commodities. Para avanzar en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en consonancia con los compromisos recientes en el marco del Programa de Desarrollo Sostenible 2030, los países ricos en recursos naturales deben lograr un cambio paradigmático en la forma de generar y movilizar recursos.
En este contexto, vincular la política fiscal y los derechos humanos se planteó como un asunto urgente y oportuno por los participantes en los diálogos organizados en la región. Tal como se destaca en el informe del mapeo, existe una renovada energía entre los actores de la sociedad civil de la región para enfrentar las política fiscales ortodoxas que han perpetuado la exclusión y para implementar nuevas herramientas y enfoques en la búsqueda de un paradigma fiscal alternativo basado en los principios de derechos humanos, igualdad y rendición de cuentas. La implementación de medidas de austeridad y recortes presupuestarios en los programas sociales como medio para reducir los déficit fiscales ha sido ampliamente rechazada por los actores de la sociedad civil, ya que existe abundante evidencia de que estas medidas no han servido a los objetivos de recuperación económica, mientras que han exacerbado el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
En general, el informe refleja un abrumador consenso entre los actores de la justicia fiscal, los derechos humanos y del campo del desarrollo, así como entre los movimientos de mujeres, indígenas y afrodescendientes que participaron en las consultas, de que las políticas fiscales injustas están detrás de las disparidades alarmantes (socioeconómicas, de género, raciales, étnicas, políticas y de otro tipo) que persisten en la región; y que los gobiernos no han hecho lo suficiente para incluirlos en la toma de decisiones sobre el destino y la sostenibilidad de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales.
El informe apunta la existencia de una comunidad de práctica emergente que trabaja interdisciplinariamente y de manera transversal a los movimientos sociales para superar obstáculos institucionales y políticos comunes, como la captura del estado por las élites, la corrupción y una economía política compleja que dificulta la participación efectiva de los segmentos más grandes y desfavorecidos de la sociedad en las reformas de la política fiscal. Estas iniciativas dirigidas romper los silos así como las plataformas colaborativas deben ser sostenidas y apoyadas.
La Región Andina se encuentra en una encrucijada en la que debe elegir entre adoptar reformas fiscales encaminadas a lograr un nuevo modelo de desarrollo sostenible centrado en los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad ambiental, o dar la espalda a esta oportunidad y seguir el camino de austeridad marcado por otros países de la región como Brasil. La Agenda 2030 y los debates globales sobre la necesidad de una reforma de la gobernanza fiscal mundial ofrecen oportunidades e incentivos externos a los gobiernos de la región para evitar la ‘maldición’ de los recursos naturales y contribuir a un cambio en la formulación de políticas fiscales regionales y mundiales. CESR seguirá trabajando junto a sus aliados en la región para asegurarse de que los derechos humanos están en el centro de una agenda transformadora de la sociedad civil para la igualdad y la justicia fiscal.
- Executive Summary: Fiscal Policy for Human Rights and Equality
- Política Fiscal para la Igualdad y los Derechos: Mapeo de debates, iniciativas y actores de la Región Andina
- Video: Representantes de la sociedad civil reflexionan sobre la política fiscal en el ámbito de los derechos humanos y la desigualdad en la Región Andina
- Página web de CESR: 'Human Rights in Tax Policy'
