Principios para una política fiscal al servicio de los derechos humanos: Una Iniciativa para América Latina y el Caribe

De México a Argentina, los debates fiscales en la región están poniendo en evidencia dilemas similares para los derechos humanos ¿Son realmente necesarias las políticas de austeridad fiscal que recortan gastos sociales cuando al mismo tiempo se pierden cuantiosos recursos producto de privilegios tributarios que se conceden sin ninguna clase de evaluación sobre su eficacia? ¿Cómo luchar eficazmente contra los paraísos fiscales -internos y externos- que privan a los Estados de valiosos recursos para garantizar los derechos? ¿Cómo aprovechar el potencial de impuestos redistributivos en lugar de incrementar impuestos al consumo -que suelen recaer con más fuerza en la población de menores ingresos? ¿Cómo abrirle paso a impuestos verdes que faciliten la transición hacia energías limpias, o al uso de la tributación para desestimular la especulación inmobiliaria o promover consumos más saludables a los que férreamente se oponen poderosos grupos de interés? ¿En qué forma las decisiones sobre los impuestos o los presupuestos públicos pueden tener sesgos discriminatorios contra las mujeres, las minorías étnicas o las regiones más pobres? 

 

Estos dilemas son solo ejemplos de una preocupación más general, ¿cómo asegurar que la política fiscal sea un instrumento para garantizar la realización de los derechos humanos y sea compatible con las obligaciones que los Estados tienen al respecto? Y al mismo tiempo, ¿cómo fortalecer la arquitectura normativa regional de derechos humanos para que sirva de manera más efectiva a dicho propósito?  

 

Con este fin, un grupo de organizaciones que venimos trabajando conjuntamente desde 2015 para posicionar la política fiscal como un asunto de derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en otros foros relevantes, hemos conformado la Iniciativa por los principios y directrices de derechos humanos en la política fiscal. La iniciativa, integrada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundar – Centro de Análisis e Investigación, el Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) y coordinada por CESR busca destilar una serie de principios que consoliden y apuntalen los estándares de derechos humanos aplicables a la política fiscal, así como directrices concretas sobre cómo adaptar las políticas fiscales a dichos estándares en los contextos nacionales y subnacionales.

 

Durante los días 21 y 22 de noviembre, en Buenos Aires, se dio la primera reunión del grupo de organizaciones que conforman esta iniciativa. En estas jornadas, se revisó evidencia empírica sobre el impacto que tiene la política fiscal sobre el ejercicio efectivo de los derechos humanos en la región, en particular en los casos en que los gobiernos implementan políticas de austeridad. Además, se realizaron presentaciones de expertos y expertas en la materia sobre diversos enfoques que debería tener en cuenta la iniciativa, tales como la sociología fiscal o los aportes de la economía feminista. 

 

La política fiscal tiene un enorme potencial transformador para la realización de los derechos humanos, en particular en América Latina y el Caribe que continúa siendo la región mas desigual del mundo. En primer lugar, movilizar recursos financieros de forma equitativa, transparente y sostenible es esencial para el cumplimiento de los derechos humanos.  Por su parte, el marco de derechos humanos puede contribuir a mejorar significativamente la calidad de las políticas fiscales en la región y permite una mejor rendición de cuentas por parte los Estados, y da pautas para el establecimiento de criterios de prioridad en la asignación de recursos públicos para que ésta sea justa y eficaz. Precisamente, en su último reporte sobre Pobreza y Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los principios de derechos humanos son plenamente aplicables a la política fiscal y “deben implementarse en todo el ciclo de las políticas, desde la elaboración de los presupuestos y los códigos tributarios o la asignación de gastos hasta la supervisión y evaluación de las consecuencias”.

 

A pesar de los desarrollos existentes, sin embargo, las implicaciones fiscales de los estándares de derechos humanos no han sido completamente profundizadas ni sistematizadas, y en la práctica los principios de derechos humanos no suelen ser tomados en cuenta por los Estados de la región en el diseño, implementación o evaluación de estas políticas. Un marco normativo y metodológico como el que se propone a través de la elaboración de estos  principios y directrices, dará elementos fundamentales para que esta realidad cambie. 

 

La ausencia de un marco concreto que permita usar realmente los estándares de derechos humanos a lo largo de todo el ciclo de la política fiscal, entonces, socava los esfuerzos para que los Estados -nacionales y locales-, las instituciones financieras internacionales y otros actores económicos, públicos y privados cumplan con la obligación de movilizar recursos para garantizar los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.   

 

Las organizaciones que lideran la Iniciativa, han convocado a un grupo de expertos y expertas líderes en el campo para informar el proceso de elaboración de los principios y directrices, que será participativo, interdisciplinario, y genuinamente deliberativo. La experiencia, saberes y evidencia  acumulados por parte de los movimientos sociales de justicia fiscal, derechos humanos y desarrollo respecto a la política fiscal de la región, así como el carácter interdisciplinario del grupo permitirá que los principios y directrices atiendan los puntos necesarios para que puedan ser efectivamente utilizados a lo largo de todo el ciclo de la política fiscal. Además de los aportes argumentativos y conceptuales del Comité como tal, un grupo más pequeño de sus integrantes oficiará como comisión redactora.

 

Por fuera de esta organización básica de la Iniciativa, se prevé un amplio abanico de oportunidades en las que diferentes actores podrán colaborar en el proceso de elaboración de los principios y directrices. Por ejemplo, en el primer semestre de 2019 se promoverá la discusión de versiones iniciales en alianza con universidades de varios países de la región, para promover contribuciones y fortalecer su base de apoyo. Del mismo modo, se realizarán consultas a un grupo ampliado de expertos y expertas, y se buscarán aportes en diferentes ejes temáticos por parte de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, y académicos a quienes convocaremos activamente.

 

Si es de su interés conocer más sobre esta Iniciativa o colaborar con ella, no dude en escribirnos a schaparro@cesr.org.