¿Qué reformas fiscales reclama América Latina con urgencia y cómo hacerlas posibles?

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La actual crisis en Colombia –generada a raíz de las fuertes protestas contra un paquete de reformas tributarias– deja en evidencia la necesidad de reforzar la conexión que existe entre la política fiscal y los derechos en América Latina y otras regiones. CESR está trabajando con aliados para hacer justamente eso, abrir los debates fiscales a aquellos cuyos derechos han sido relegados, lo que incluye la celebración de la "Semana por la Justicia Fiscal y Derechos Humanos", a cuyos eventos puedes inscribirte desde aquí.

 

Por Sergio Chaparro Hernández y Olivia Minatta


Las políticas económicas están desatando una enorme conflictividad social en América Latina. El mundo ha visto con sorpresa cómo una propuesta de reforma tributaria en Colombia ha llevado a una masiva movilización social en medio de la tercera ola del COVID19 que llevó al retiro de la propuesta y la renuncia del Ministro de Hacienda. La reacción desproporcionada de la fuerza pública ha desatado una grave crisis de derechos humanos, con un reporte provisional de 47 personas muertas y centenares de heridos según organizaciones nacionales de derechos humanos. Lo que sucede en Colombia, se suma a un patrón de protestas populares por reformas económicas que terminan en violaciones masivas a otros derechos como consecuencia de las respuestas represivas. Es inevitable pensar en la similitud con lo ocurrido en Ecuador o Chile en 2019.

No cabe duda que los países de la región requieren movilizar más recursos para responder a las viejas y nuevas desigualdades que el COVID ha exacerbado.  La necesidad de reformas profundas no da espera teniendo en cuenta que América Latina ha sido la región más golpeada por el COVID-19. La CEPAL estima que se han perdido dos décadas en la lucha contra la pobreza extrema. La región concentra casi una tercera parte de las muertes totales por COVID-19 en el mundo pese a tener menos del 8% de la población global. Pero la forma en que dichas reformas son construidas y su alcance son factores cruciales para definir su viabilidad.

 



En el caso colombiano, por ejemplo, el gobierno y los defensores de la reforma argumentaban que se trataba de una propuesta para construir un sistema tributario más progresivo y que con su aprobación se lograría una considerable reducción de la desigualdad. La reforma incluía algunas de las medidas que un grupo reducido de países de la región han implementado, como es el caso de un impuesto temporal a la riqueza (implementado por Argentina y que en Bolivia se adoptó de forma permanente), además de impuestos verdes y unos ‘impuestos solidarios’ transitorios a las empresas y a los salarios altos. Pero también extendía el IVA a varios productos básicos y aumentaba el número de contribuyentes de clase media del impuesto a la renta personal, lo cual generó rechazo e indignación. La promesa de extender mecanismos de devolución del IVA y otros subsidios a la población de menores ingresos no contuvo ese rechazo.

¿Qué nos dice esto sobre el tipo de reformas que la región debería implementar? Primero, que en los debates fiscales la confianza en los gobiernos y los procesos detrás de las reformas son elementos fundamentales. No basta con decir que una reforma es muy ambiciosa y muy sólida técnicamente, o culpar a la gente de falta de solidaridad o de no entender sus beneficios. Es necesario que las personas puedan volver a percibir  el vínculo entre tener sistemas tributarios que recauden lo suficiente y de forma equitativa y la garantía de sus derechos. Si las personas no perciben que los impuestos que están pagando se ven reflejados en mejores servicios y en instituciones que realmente actúan para proteger sus derechos, no es de extrañar que desconfíen de cualquier reforma tributaria propuesta. Se trata, entonces, de replantear la  forma de tomar, e incluso de debatir, las decisiones fiscales para que dejen de ser discutidas y definidas solo por estrechos círculos de expertos y de espaldas a la gente. Las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y la ciudadanía en general deben poder participar de forma significativa en estas decisiones.

Una segunda lección que los gobiernos deberían tomar en serio es que el orden y el alcance de las reformas importan para cambiar la percepción de profunda injusticia que la población tiene sobre sus sistemas fiscales. Si no hay primero una exigencia mayor sobre los más ricos ni sobre las empresas que han tenido ganancias extraordinarias en la pandemia, es entendible que la población rechace que se descargue la responsabilidad de contribuir principalmente sobre otros sectores, incluidas las clases medias.

Finalmente, para lograr cambios estructurales, las medidas concretas que se adopten deben estar conectadas con debates fiscales más profundos que aborden un conjunto de temas que están estrechamente conectados. La falta de reformas tributarias progresivas en el pasado, o la proliferación de privilegios tributarios a grupos de interés, han llevado a un aumento del endeudamiento que ahora se quiere utilizar como argumento para imponer drásticas medidas de austeridad fiscal. Esta estrategia para imponer esas medidas producto de malas decisiones en el pasado, sin que hubiese un cambio de enfoque, era lo que la reforma en Colombia buscaba hacer.

Si bien América Latina será la región con el mayor servicio de deuda externa en relación con sus exportaciones de bienes y servicios, imponer medidas drásticas de austeridad justo en el momento en que la política fiscal debe impulsar la recuperación económica no haría más que agravar el problema y agudizar la crisis social y de derechos humanos que vive la región. Existen alternativas más progresivas para la movilización de recursos que los Estados deben priorizar.  También, la comunidad internacional debe contribuir a expandir el espacio fiscal de los países de la región - y en todo el Sur Global - mediante mecanismos de alivio o reestructuración de la deuda o los Derechos Especiales de Giro -–que tanto la ONU, como el FMI y la CEPAL reclaman. El debate fiscal no puede seguir siendo el mismo que antes de la pandemia.

En pos de promover medidas de reforma fiscal más audaces, CESR ha trabajado intensamente con aliados de América Latina y el Caribe, entre ellos las organizaciones que componen la  Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y Latindadd. Además de los diálogos sostenidos con el movimiento de justicia fiscal y con el movimiento indígena a fines de 2020, en los últimos meses, hemos convocado una serie de conversaciones con organizaciones feministas de Centroamérica, Paraguay, Brasil y Ecuador, y con el movimiento sindical en Argentina, a fin de explorar  posibles puntos de sinergia entre las agendas de la justicia fiscal y los derechos de las mujeres y las organizaciones de trabajadores, aspecto que cobra particular relevancia por los impactos económicos desproporcionados que la pandemia ha generado sobre estas poblaciones. Para lograr medidas fiscales transformadoras, las acciones estratégicas propuestas desde la sociedad civil, incluyeron:


    •    el monitoreo, con una perspectiva de derechos humanos, de las respuestas de los Estados al COVID-19 y de la asistencia otorgada por las Instituciones Financieras Internacionales; 

    •    el uso del herramientas de incidencia y litigio estratégico para cuestionar políticas fiscales que lesionan los derechos; 

    •    la incidencia sobre instituciones financieras y bancos de desarrollo; 

    •    y la realización de campañas para incorporar la justicia fiscal y los derechos humanos en el encuadre que se hace de las respuestas económicas a la crisis.



La consolidación de estos esfuerzos se verá reflejada con la realización de la Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, una oportunidad excepcional para buscar salidas fiscales a las múltiples crisis que atraviesa la región. En el marco de dicha semana, el mundo conocerá los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, un marco de referencia fundamental para que Estados, organismos de monitoreo y sociedad civil puedan abordar los debates fiscales en línea con los desafíos actuales. Durante la semana habrá una serie de eventos para discutir la conexión de las políticas fiscales con la crisis climática y ambiental, las brechas de género, las enormes desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas y la población afrodescendiente, el derecho a la vivienda, entre otros. Estamos convocando también a personas de otras regiones del mundo para un intercambio mutuo sobre los elementos comunes y las diferencias en sus propias luchas por la justicia fiscal. 
Puedes inscribirte para recibir la agenda completa de la Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos aquí.