En lo que va del siglo, el Perú se ha presentado como una economía próspera y fuerte que ha tenido importantes avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Pero esto es sólo la mitad de la historia. Las mejoras en los resultados sociales han sido tímidas o nulas en varias dimensiones y se ven socavadas por las obstinadas desigualdades. Con el fin del auge del sector primario, han surgido serias dudas sobre la sostenibilidad del modelo económico peruano y la suficiencia de su inversión en derechos sociales.
El nuevo informe de CESR, Un techo injusto a los derechos: política fiscal, desigualdad y derechos sociales en el Perú, realizado en estrecha colaboración con organizaciones e investigadores del país andino, explora cómo la política fiscal está poniendo obstáculos estructurales para el disfrute de los derechos sociales, así como para lograr una mayor igualdad y un modelo de desarrollo más sostenible.
Mediante el análisis a profundidad de dos políticas - la educación intercultural bilingüe para las comunidades indígenas y las respuestas del Estado frente al cáncer- el estudio explora cómo la movilización de recursos inadecuada obstaculiza el alcance de los esfuerzos para luchar contra las desigualdades y garantizar los derechos, particularmente de poblaciones marginalizadas. Los hallazgos ponen al descubierto el impacto humano de las restricciones de recursos y las políticas fiscales regresivas: por ejemplo, las limitadas oportunidades que tienen los niños y niñas indígenas en ausencia de una educación intercultural de calidad bien financiada; y los pacientes con cáncer cuyas posibilidades de supervivencia están determinadas en gran parte por sus ingresos o la lotería de su ubicación geográfica. El informe también describe una serie de medidas positivas que el Estado podría tomar para remediar estas disparidades y brechas de financiación, incluida una serie de reformas fiscales urgentes.
El informe, y un potente video con testimonios que lo acompañan, muestran de forma contundente cómo la persistencia de altos niveles de desigualdad en el Perú es no una coincidencia desafortunada, sino una situación injusta que obedece en buena medida a la ausencia de políticas fiscales que podrían permitir la financiación adecuada y equitativa de programas cruciales para la garantía de los derechos sociales. Esto se prueba, por ejemplo en los siguientes hechos:
· Perú tiene una de las tasas de recaudación de impuestos más bajas de América Latina y, en consecuencia, una de las inversiones más bajas en políticas sociales.
· El país tiene una amplia gama de exenciones e incentivos fiscales que benefician principalmente a corporaciones y poderosos grupos de interés, y tiene mucho por hacer todavía para fortalecer la lucha contra la evasión y evasión de impuestos.
· De hecho, la cantidad de recursos perdidos por la evasión del impuesto sobre la renta es mayor que el gasto público total en educación. Y con los recursos que el Estado pierde al otorgar incentivos fiscales, el presupuesto para el programa de atención del cáncer podría multiplicarse por doce.
El informe es particularmente oportuno por varias razones. Sobre la base de los años de trabajo de CESR en política fiscal y derechos humanos en diversos espacios nacionales e internacionales, el estudio aporta evidencia y análisis a la creciente conversación sobre el papel que debe desempeñar la política fiscal en la reducción de la desigualdad socioeconómica y la garantía de los derechos humanos. De hecho, llega en un momento en que las injusticias de la política fiscal han encabezado las agendas de los movimientos sociales que ahora se agitan en las calles y los campos de América Latina y más allá. Cuatro años después de la tan anunciada Agenda 2030, el informe también ilustra claramente que sin reformas estructurales hacia sistemas tributarios más progresivos, los países de ingresos difícilmente podrán hacer realidad los derechos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para Perú en particular, el informe llega a una coyuntura crítica en la historia y la democracia de la nación, cuando las condiciones económicas globales, así como la realineación de fuerzas sociales y políticas en el país en el contexto de las próximas elecciones, exigen cambios importantes en el modelo y las políticas económicas vigentes. Un techo injusto a los derechos muestra un camino diferente, previendo alternativas de política que podrían aportar soluciones a los desafíos que el país y la región enfrentan.
Un Techo Injusto a los Derechos amplía el reciente trabajo de CESR en la Región Andina, además de proporcionar una aplicación a nivel de país de nuestro innovador marco OPERA para evaluar el logro de los derechos económicos y sociales. El informe hace especial hincapié en cómo la política fiscal afecta a las mujeres, Ios pueblos indígenas y otros grupos marginados con quienes CESR ha venido trabajando en colaboración para construir una agenda fiscal más inclusiva para la región. Este informe ilustra y refuerza nuestra convicción de que, lejos de tratarse de un asunto puramente técnico, la política fiscal es de importancia crucial para la justicia social y los derechos humanos, y tiene impactos concretos en la vida y las oportunidades de la gente.