En diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su primer informe sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Américas. En este afirma que la pobreza es un problema urgente de derechos humanos por afectar la dignidad humana y ser a la vez causa y consecuencia de vulneraciones múltiples tanto a los derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales y culturales.
Alrededor de 186 millones de personas viven en situación de pobreza en América Latina y el Caribe, de las cuales 61 millones viven en pobreza extrema. Esta región, es además la más desigual del mundo. De allí la relevancia de este informe que marca un hito en el abordaje de estos problemas estructurales desde el ámbito los derechos humanos.
En su informe la CIDH reconoce los estrechos vínculos entre la pobreza y la desigualdad en la región, al sostener que los gobiernos no podrán combatir eficazmente la pobreza sin reducir la desigualdad; reconoce la centralidad de las políticas fiscales para enfrentar la pobreza y la desigualdad y recomienda los Estados a alinear estas políticas con las obligaciones en derechos humanos reafirmando además la necesidad de tener en cuenta la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas, y otros grupos sobrerrepresentados entre los más pobres.
Retomando los aportes realizados por una coalición de organizaciones coordinada por CESR y conformada por ACIJ, Dejusticia, Fundar, CELS, INESC y IBP- el informe de la CIDH contiene un apartado especial (Cap. 4, B., pagina 174) dedicado al análisis del rol de las políticas fiscales en el combate a la pobreza. En dicho apartado, la Comisión da cuenta de los avances por incorporarlas en su propia agenda. Destaca la realización de la primera audiencia temática sobre ‘Política fiscal y derechos humanos’ en 2015, y la realización del diálogo en 2016 sobre los impactos de las políticas de austeridad en los derechos humanos en la región, ambos auspiciados por CESR y las organizaciones que conforman la coalición arriba mencionada.
La CIDH afirma que “no es posible analizar los esfuerzos de los Estados por eliminar la pobreza sin tener en cuenta su política fiscal” y considera que “los Estados deben tomar medidas pertinentes para un análisis integral de las políticas fiscales”. El informe identifica tres factores que están impidiendo que estas contribuyan a reducir la pobreza y la desigualdad en la región. En primer lugar, la baja movilización de recursos producto de insuficientes niveles de recaudación y las numerosas deducciones de impuestos, exenciones y vacíos legales, así como la evasión, elusión tributaria y otras prácticas similares. “Los bajos niveles de recaudación de impuestos tienen un impacto desproporcionado en los sectores más pobres de la población y constituyen un obstáculo para el financiamiento de políticas y programas” sostiene la CIDH.
En segunda medida, el carácter regresivo de la tributación, lo cual impide una mayor contribución de la política fiscal a la reducción de la pobreza. La CIDH señala que en varios países de la región las personas en situación de pobreza no son beneficiarias sino pagadoras netas del sistema fiscal. Retomando el informe de Magdalena Sepúlveda, ex Relatora sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU señala que “los tipos impositivos altos para los bienes y servicios y los tipos bajos para los ingresos, la riqueza y la propiedad dan lugar a resultados injustos y discriminatorios”. La CIDH señala como “el impacto de la política fiscal y de los sistemas tributarios regresivos se hace evidente en las desigualdades entre grupos sociales, etarios, indígenas, afro-descendientes y no-indígenas, y entre habitantes de zonas rurales y urbanas”.
Un tercer factor que preocupa a la CIDH es el gasto social insuficiente y mal distribuido. Como proporción del PIB, éste es 60% menor en América Latina que en el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Si bien América Latina ha tenido notables progresos en aumentar el nivel y la progresividad del gasto social, este sigue siendo bajo para los estándares internacionales” señaló la CIDH. Además, “las políticas y programas sociales en algunas ocasiones no cuentan con un enfoque de derechos humanos, de manera que no se han traducido necesariamente en la configuración de derechos” concluyó la Comisión.
Estos factores fueron resaltados por la coalición de organizaciones en su contribución al informe de la CIDH reporte y han sido ampliamente documentados por CESR en varios países de la región, como Brasil y Los Estados Unidos.
Finalmente, la CIDH subraya en su informe que “no debe perderse de vista que los principios de derechos humanos constituyen un marco que apuntala las funciones clave de la política fiscal y la tributación.” En tal sentido, subraya que obligaciones tales como el aseguramiento de los niveles mínimos esenciales, la movilización del máximo de recursos disponibles para la realización progresiva de los DESC y el principio de igualdad y no discriminación, son plenamente aplicables y resultan particularmente relevantes para el análisis de la política fiscal. También enfatiza que lo propio ocurre con los principios de participación, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, los cuales, en concepto de la Comisión, “deben implementarse en todo el ciclo de las políticas, desde la elaboración de los presupuestos y los códigos tributarios o la asignación de gastos hasta la supervisión y evaluación de las consecuencias”.
Este informe de la CIDH constituye el desarrollo más reciente en el marco de una tendencia global creciente de los mecanismos de derechos humanos en abordar las políticas fiscales injustas, y el primero en el Sistema Interamericano. Varios comités de derechos humanos de Naciones Unidas ya se han pronunciado al respecto, incluyendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Los procedimientos especiales de Naciones Unidas también han analizado el impacto de las políticas fiscales en los derechos humanos. CESR ha jugado un papel pionero y fundamental en este proceso, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, suministrando evidencia sobre injusticias fiscales y construyendo alianzas con organizaciones y movimientos sociales a nivel global y en la región.
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