La política fiscal no puede imponerse ignorando los derechos de los pueblos como lo muestra el ejemplo que ha dado el movimiento indígena en Ecuador. El Fondo Monetario Internacional (FMI) debe asumir su responsabilidad y establecer correctivos.
El grupo de organizaciones de derechos humanos y de justicia fiscal aquí firmantes manifestamos nuestro reconocimiento y solidaridad con el movimiento indígena y otros movimientos populares en Ecuador por lograr la derogación del Decreto 883 de 2019. Este decreto hace parte de un paquete de medidas de ajuste fiscal que el gobierno ecuatoriano acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo, y que se adoptaron sin la adecuada participación y respeto a los procedimientos democráticos y principios de derechos humanos que deberían seguirse frente a reformas de este alcance. Expresamos nuestro dolor por las ocho víctimas fatales como consecuencia de la inadecuada respuesta estatal frente a la protesta legítima del movimiento indígena ante el intento de imposición de estas medidas.
Sin recursos no hay derechos
Desde hace algunos años las organizaciones firmantes venimos insistiendo en hacer visibles los impactos de las políticas fiscales sobre los derechos humanos, y en la necesidad de que estas políticas tengan como fundamento las obligaciones de los Estados derivadas de las normas internacionales en este campo. Sin recursos no hay derechos, y las decisiones fiscales no pueden tomarse de espaldas a los pueblos. Las decisiones que así se adopten deben ser reconsideradas.
Lo sucedido en Ecuador es un ejemplo más de cómo las políticas de austeridad fiscal se han convertido en una bomba de tiempo en varios países de América Latina. Sus supuestos beneficios en otros contextos han quedado en promesas incumplidas y el ajuste fiscal termina por sumir a las economías en una crisis de mayores proporciones bajo dogmas que han probado ser ineficaces, como la idea de que puede haber contracciones fiscales que permitan la expansión de la economía.
Una lucha por los derechos sociales y la justicia fiscal
Al liderar la lucha contra las políticas de austeridad adoptadas con auspicio del FMI, los pueblos indígenas del Ecuador se suman a un espectro amplio de sectores sociales que han hecho lo propio en Brasil y Argentina, así como en otros países de la región que figuran entre los 130 países del mundo actualmente afectados por las políticas de ajuste fiscal. Lo ocurrido en Ecuador, y el precedente de lo sucedido en Colombia con la minga indígena este año, muestra que la justicia étnica, social y ambiental tienen una estrecha conexión con la justicia fiscal. Como lo han señalado la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana, no se trata solamente del precio de la gasolina, sino de evitar que les hipotequen su futuro, y que paguen con impactos adversos sobre sus territorios y sobre los derechos sociales de varias generaciones, lo que no logren frenar a tiempo hoy.
Austeridad regresiva y violaciones a los derechos humanos
La respuesta al reclamo por los derechos sociales que han sido relegados a un segundo plano durante años o que están en riesgo de retroceso producto de las medidas acordadas con el FMI no puede ser la vulneración de los derechos civiles y políticos mediante la represión y el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado.
Nos sumamos al llamado de organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos a que el Estado investigue con prontitud los casos de víctimas fatales y uso desproporcionado de la fuerza, y establezca canales de diálogo permanentes que aseguren la participación de los pueblos indígenas y otros potenciales afectados en las decisiones fiscales. Al respecto, el Estado debe asegurar que ninguna medida regresiva sea adoptada sin una cuidadosa consideración de sus posibles impactos adversos en los derechos humanos, que asegure la participación de los potenciales afectados y proteja a las poblaciones en situación de desventaja. Las medidas regresivas de austeridad son contrarias a los derechos humanos al menos que el Estado compruebe que son proporcionadas, no discriminatorias y estrictamente necesarias, en el sentido de que se hayan agotado las alternativas menos lesivas.
Un llamado al FMI
Finalmente, y con ocasión de su reunión anual en Washington DC, hacemos un llamado a que el FMI evalúe cuidadosamente su papel en la región, a la luz de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, y adopte al menos los siguientes correctivos:
1. Se abstenga de ejercer cualquier influencia indebida que restrinja el espacio fiscal de los Estados y que vaya en contra de los procedimientos democráticos y las obligaciones de derechos humanos que deben regir la toma de decisiones de Estados soberanos.
2. Establezca el deber de realizar evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos de las condiciones a las que sujeta sus préstamos y otras formas de asistencia a los Estados, con énfasis en los impactos de género y sobre grupos étnicos. Dichas evaluaciones deben tomar en cuenta los principios rectores sobre reformas económicas adoptados en 2018 por el Consejo de Derechos Humanos y aplicar metodologías rigurosas y participativas.
3. Incorpore un enfoque de derechos humanos en el diseño de las respuestas frente a la crisis, priorizando alternativas de política que amplíen el espacio fiscal como el combate a la evasión y la elusión tributaria, o el fortalecimiento del recaudo vía impuestos directos progresivos. Asimismo, debe reconsiderar, en línea con sus propias investigaciones al respecto, la decisión de seguir apoyando recortes al gasto y desmonte de instituciones estatales, sin realizar evaluaciones más cuidadosas de su pertinencia y necesidad en contextos específicos. Medidas como el desmonte de subsidios a combustibles fósiles deben calibrarse adecuadamente y combinarse con mecanismos compensatorios previos y otras políticas más amplias de transición hacia energías limpias para minimizar el impacto sobre los derechos humanos de toda la población, en particular la de menores ingresos.
4. Defienda de manera consistente el interés y la capacidad de los países de ingresos bajos y medios de proteger su espacio fiscal para que puedan garantizar y hacer efectivos los derechos humanos, en el contexto del proceso de reforma al régimen internacional de tributación corporativa que se adelanta en la OCDE.
Center for Economic and Social Rights (CESR) - Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) - Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Fundar - Centro de Análisis e Investigación - Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) - Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC)
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