Nicholas Lusiani es Investigador Senior del Centro por los Derechos Económicos y Sociales. Luke Holland es Investigador y Director de Comunicación de CESR.
"¡Democracia real ya!" se ha convertido en el lema de los manifestantes antiausteridad en España, que continúan con su campaña para revertir los recortes en servicios sociales básicos, que consideran injustos y antidemocráticos. La ira y la frustración en las calles de Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas no parece estar influyendo en los dirigentes del país; sin embargo, una reforma de la Constitución, por la cual se establece un techo permanente a la capacidad del país para financiarse a través del déficit, ha sido llevada al Parlamento a una velocidad de vértigo. La medida atará las manos de los futuros gobiernos y limitará su capacidad para invertir en los derechos humanos básicos, como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. Por otra parte, los principios de participación, de no discriminación y de rendición de cuentas en materia de derechos humanos se han ignorado abiertamente en medio de la prisa por apaciguar a los pesos pesados europeos y calmar la ansiedad de los mercados financieros.
Las dudosas justificaciones proferidas por los políticos para justificar esta medida extrema y a corto plazo varían de unos a otros. Algunos sostienen que la crisis exige medidas drásticas y asumen que la peor parte se la llevará la ciudadanía de la calle en lugar de las instituciones financieras o la élite económica. Mientras se pide solidaridad a las personas pobres, la evasión fiscal alcanza récords históricos y las principales instituciones financieras otorgan formidables bonificaciones a sus ejecutivos. Otros afirman que la enmienda evitará el tipo de rescate que la UE y el FMI han impuesto a Irlanda, Grecia y Portugal. Sin embargo, este argumento tampoco parece sólido, dado que las reformas fueron diseñadas e implementadas en respuesta inmediata a las exigencias del presidente francés Nicolas Sarkozy y la canciller alemana Angela Merkel. Anticiparse a la presión extranjera, rindiéndose a ella antes de que se intensifique, no representa ningún tipo de prevención en ningún sentido.
Uno de los aspectos más destacables de la reforma de la Constitución española es que se ha elaborado y se ha pasado por el Parlamento a la velocidad de la luz. La propuesta fue aprobada por el Congreso el día 2 de septiembre, con 316 votos a favor y 5 en contra; tan solo cinco días después el Senado daba luz verde, con 233 votos a favor y 3 en contra. Esta "reforma exprés", como ya se ha dado en llamar, ha provocado una inevitable consternación generalizada tanto entre la clase política como entre los votantes, que han exigido saber el porqué de tan poca oportunidad de participar en una alteración del documento fundacional legal del país. Como se ha hecho notar, este proceso legal podría prolongarse al menos durante un año en Italia, donde los procedimientos parlamentarios no permiten modificar su Constitución con tal arrebato. Sin embargo, con dos de los principales actores políticos de España, el Partido Socialista y el Partido Popular, que dominan la gran mayoría de los escaños en ambas cámaras, el Congreso y el Senado, era poco lo que podía hacerse para impedir un acuerdo bipartidista forjado entre los dos grupos.
La reforma la impulsó un angustioso deseo de convencer a los especuladores y a las agencias de calificación crediticia de que se puede confiar en los bonos de España. El hecho de que tenga que modificarse la Constitución del país para satisfacer las caprichosas demandas de los mercados financieros internacionales, nos obliga a plantearnos algunas preguntas fundamentales sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en España. Cuál es el deber esencial del gobierno: garantizar el bienestar de los mercados internacionales de deuda o el bienestar de su pueblo. Quién determina en una sociedad el marco más importante de derechos y obligaciones establecidos en su Carta Magna: una ciudadanía comprometida o entidades financieras privadas y agencias de calificación de deuda.
Y lo que es más, muchos se preguntan si la reforma era realmente necesaria en términos económicos, dado que la economía española gozaba de superávit hasta hace poco y que el déficit presupuestario actual es de naturaleza circunstancial y no de carácter estructural. Además, establecer un techo a la deuda del país sólo servirá para limitar futuras inversiones en servicios sociales, como salud y educación, lo que obstaculizará la productividad y la competitividad de los trabajadores españoles en la economía mundial. A largo plazo, esta reforma puede conducir a salarios más bajos y a una disminución asociada de los ingresos fiscales, lo que a su vez profundizaría la deuda nacional.
Desde esta perspectiva, la reforma no sólo está equivocada, sino que además está mal orientada. En un intento poco reflexionado de salir del paso del atolladero económico actual, los líderes políticos de España no han prestado la atención debida al impacto que a largo plazo sus acciones tendrán precisamente sobre esas mismas personas y esa misma economía a las que dicen estar protegiendo. Sólo hace falta mirar los drásticos recortes que varios estados de EE UU se vieron obligados a realizar, debido a los límites de deuda establecidos en sus constituciones, para entender que arreglos apresurados y desequilibrados que garantizan jurídicamente los límites sobre el techo de la deuda pública limitan las posibilidades de que los gobiernos busquen formas creativas de financiar los derechos económicos y sociales fundamentales. Estas lecciones son especialmente pertinentes para el tipo de crisis económica que España atraviesa en estos momentos. Una financiación inteligente del déficit puede, en cambio, crear hoy el capital humano y de infraestructura que impulsará una economía más justa y sólida mañana. Con un nuevo paquete de reformas laborales aprobadas por el Parlamento la semana pasada –en esta ocasión se abre la puerta a una mayor inseguridad en el trabajo– no es de extrañar que una buena parte de la ciudadanía española se lamente de la falta de "democracia real" en su país.
- CESR trabaja con otras ONG españolas para hacer frente a violaciones de derechos humanos derivadas de la gestión gubernamental de la crisis económica. En mayo de 2001 CESR presentó una propuesta conjunta con el Observatori DESC en la reunión preparatoria del grupo de trabajo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). España será evaluada por el Comité por primera vez en ocho años en la 48. ª reunión en 2012.
Las opiniones expresadas en este blog son del autor, no reflejan necesariamente la posición oficial de CESR.