16 de Noviembre de 2020
Por Sergio Chaparro y María Emilia Mamberti
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América Latina va a ser la región más impactada por la pandemia de COVID-19, sufriendo su peor crisis en cien años. Ese impacto afectará a una región cuyas desigualdades previas ya eran profundas. Dichas desigualdades se han ampliado, y de no tomarse medidas coordinadas, novedosas y radicales para responder al contexto, crearán fracturas más hondas. La crisis sanitaria y económica está derivando en una crisis generalizada de derechos humanos. Si se repiten las recetas del pasado, además, serán los pueblos indígenas, las comunidades afro-descendientes, los/as trabajadores/as informales y las mujeres quienes carguen con el mayor peso de la crisis.
Para responder a estos riesgos, CESR ha trabajado intensamente con aliados de América Latina y el Caribe. En los últimos meses, hemos convocado una serie de diálogos con más de 30 organizaciones de la región agrupadas en la Iniciativa por los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y Latindadd. La serie de diálogos se orientó a debatir oportunidades para promover una recuperación económica transformadora de la crisis del COVID-19 a través de políticas fiscales más justas y basadas en derechos.
En el contexto que atraviesa la región, la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil se vuelve imperativa. Esa colaboración ha tenido importantes avances en los últimos años. Producto de ella se han construido marcos y estrategias comunes, logrando progresos sustanciales en posicionar un enfoque integrado sobre política fiscal y derechos humanos en espacios como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El progreso alcanzado ha permitido avanzar hacia una nueva fase en la que CESR ha promovido la convergencia entre organizaciones para avanzar hacia una narrativa de los temas fiscales como asuntos de justicia social y de derechos, y proveer pautas concretas que puedan guiar el diseño y la implementación de políticas fiscales desde esta perspectiva. Esa convergencia se plasma en la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, que actualmente desarrolla un conjunto de Principios y Directrices que sirvan de referencia para hacedores de política, organismos de monitoreo y para la sociedad civil.
Si bien estos avances han sido importantes, es necesario profundizar la colaboración y ampliar su alcance geográfico, así como su conexión con los movimientos sociales con miras a constituir una fuerza regional que sirva como motor de cambio.
En este sentido, un importante desafío consiste en definir cuáles deberían ser las medidas fiscales transformadoras que eviten afectaciones masivas a los derechos. Las y los participantes de los diálogos avanzaron en este sentido, y ofrecieron varias propuestas que vienen impulsando en sus propios países. Por ejemplo, sugirieron dar impulso en toda la región a los impuestos a la riqueza y las grandes fortunas; avanzar en corregir los sesgos de género y de otra índole en los sistemas tributarios; fortalecer los sistemas de protección social y los programas de renta básica; eliminar los privilegios fiscales; y combatir la evasión, la elusión y el fraude tributario. En términos de acciones estratégicas desde la sociedad civil, las posibilidades discutidas incluyeron el monitoreo, con una perspectiva de derechos humanos, de las respuestas de los Estados al COVID-19 y de la asistencia otorgada por las Instituciones Financieras Internacionales; el uso del litigio estratégico para cuestionar políticas fiscales que lesionan los derechos; la incidencia sobre instituciones financieras y bancos de desarrollo; y la realización de campañas para incorporar la justicia fiscal y los derechos humanos en el encuadre que se hace de las respuestas económicas a la crisis.
Las organizaciones que hacen parte de esta convergencia parten de un sólido trabajo que ya ha dado frutos en sus respectivos países. La riqueza de este proceso de convergencia consiste en partir de estas experiencias concretas, para avanzar en formas de colaboración y coordinación que permitan disputar las narrativas y acciones de las élites económicas y otros poderes fácticos. Por eso, la puesta en común del repertorio de estrategias diversas que emplean las organizaciones de justicia fiscal y derechos humanos en su trabajo cotidiano y la discusión de las problemáticas comunes que enfrentan los países de la región es un importante paso para consolidar un contrapoder efectivo frente al riesgo de que prevalezca la narrativa de la austeridad fiscal y otros mitos de política que podrían imponerse en la región.
Este ciclo de diálogos es el primer paso para propiciar una convergencia amplia de organizaciones de derechos humanos y de justicia fiscal en América Latina. Los diálogos contaron con la participación de organizaciones de la sociedad civil de dentro y fuera de la región, de personas de reconocida trayectoria en la academia, así como de representantes del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros organismos internacionales. A lo largo de los encuentros se discutieron desafíos y oportunidades para promover la justicia fiscal y los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y se exploraron posibles puntos de contacto y sinergias entre las agendas de las organizaciones.
Como resultado concreto de estos diálogos, la convergencia de organizaciones ha podido llevar un mensaje unificado a espacios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y activar mecanismos de rendición de cuentas frente al rol de actores como el Fondo Monetario Internacional en la región. También ha abierto la puerta a espacios de intercambio sobre buenas prácticas en la adopción de políticas fiscales más acordes con los derechos, incluyendo un conversatorio regional sobre tributación con enfoque de género. En una segunda fase, que se desarrollará en los próximos meses, estos diálogos se extenderán al movimiento social en la región, incluyendo a pueblos indígenas, organizaciones sindicales y el movimiento feminista. También se contempla la producción de evidencia sobre el impacto de las políticas fiscales en los derechos humanos en contextos nacionales específicos, y acciones de incidencia conjuntas que permitan ampliar el impacto de este contrapoder colectivo emergente por la justicia fiscal y los derechos humanos en la región.
Las grabaciones completas de los diálogos pueden consultarse en los siguientes enlaces:
Diálogo 1: Panorama regional y exploración de sinergias, con participación de ICEFI (Guatemala), Decidamos (Paraguay), Dejusticia (Colombia), Instituto de Justicia Fiscal (Brasil), Fundar (México), CEDLA (Bolivia), ACIJ (Argentina), Latindadd, INIET (Nicaragua), Fundes (El Salvador), Centro Montalvo (República Dominicana), CEDES (Ecuador), CELS (Argentina), Fundación SES (Argentina), RJFALC y CESR.
Diálogo 2: Seguimiento a recursos del Covid-19 y respuestas en el corto plazo, con participación de Daniela Gabor (UWE Bristol), Ishita Pektar (International Accountability Project), Carla García (CIEL - Coalition for Human Rights in Development), Stephany Griffith-Jones (Columbia University).
Diálogo 3: Cambiar las Reglas para la Pospandemia: articulación de agendas por Justicia Fiscal y Derechos Humanos, con participación de Susana Ruiz (OXFAM), Jorge Coronado (Latindadd), Regina Duarte (IJF, Brasil), Eduardo Reese (CELS, Argentina), Esteban Silva (Fundación Constituyente XXI, Chile), Paulina Castaño (Fundar, México) y Adrián Falco (RJFALC)
Diálogo 4: Colaboraciones con periodistas, analistas de datos y litigantes, con participación de Livi Gerbase (INESC), Karina Patricio (Durham Law School), Rodrigo Uprimny (Comité DESC) y Alejandro Rodríguez (Dejusticia).
Diálogo 5: Financiar una recuperación transformadora, con participación de Soledad García (REDESCA-CIDH), Daniel Titelman (CEPAL), José Antonio Ocampo (ICRICT), Rosa María Cañete (Latindadd), Grazielle David (Iniciativa P&D/RJFALC) e Ignacio Saiz (CESR).