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Lo que en España comenzó como una crisis económica, está derivando rápidamente en una crisis de derechos humanos. Durante las épocas de austeridad es cuando los derechos humanos y las libertades se tornan más vulnerables y por eso mismo los estados deberían otorgarles el mayor grado de protección. En muchos países desarrollados, los precipitados paquetes de reformas han posibilitado que los gobiernos legitimaran la reducción del estado del bienestar, lo que ha permitido minar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Las crisis económicas amenazan los derechos humanos fundamentales, que son necesarios para garantizar que las personas pueden llevar una vida decente y digna. Desde el comienzo de la crisis en 2008, el nivel de desempleo en España ha crecido drásticamente. Según los datos oficiales para el cuarto trimestre de 2010, uno de cada cinco ciudadanos de entre 16 y 64 años no tenía trabajo, lo que supone más del doble de la tasa promedio de la UE. España también cuenta con uno de los índices más altos de pobreza infantil de la UE; la crisis económica lo ha hecho patente y ha exacerbado el problema. El impacto de la crisis ha sido especialmente duro entre la gente joven, que se siente privada de sus derechos, y los grupos marginalizados, como los inmigrantes, las mujeres y la comunidad roma (gitanos), en un clima de discriminación y xenofobia crecientes.

CESR considera que cualquier solución significativa, equitativa y sostenible a la crisis solo puede alcanzarse considerando a las personas en primer lugar. En esta coyuntura tan crítica, CESR está trabajando para asegurarse de que el Gobierno adopte una respuesta efectiva a la crisis que se funde en los derechos humanos. Los principios y estándares de los derechos humanos pueden ofrecer una inestimable guía normativa en cualquier estrategia de recuperación. Si el enfoque de derechos humanos se hubiese también incorporado durante los tiempos de crecimiento, quizás se podría haber mitigado el coste humano de la crisis.

Desde la Puerta del Sol y plazas de ciudades de todo el país se está fraguando un gran movimiento civil de base que reclama algunos de los principales derechos económicos y sociales. El Centro por los Derechos Sociales y Económicos trabaja para conseguir la rendición de cuentas en cuanto a las violaciones de derechos humanos causadas por los efectos de la crisis - y la respuesta del Gobierno a ellas- haciendo uso de los mecanismos internacionales de derechos humanos y trabajando con grupos de la sociedad civil a nivel nacional. Por primera vez en 8 años, España se presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC) durante la 48. ª reunión del Comité, en mayo de 2012. El Centro de Derechos Económicos y Sociales trabaja para hacer seguimiento y remitir infomación acerca de la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales en España, tal y como están consagrados en el Pacto Internacional.

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