Política Fiscal y Derechos Humanos en las Américas

Informe y Audiencia Temática ante la CIDH

Se puede descargar el informe en formato pdf aquí

Las políticas económicas y en consecuencia la política fiscal no suelen debatirse en los espacios de rendición de cuentas de los derechos  humanos. Por ello, la audiencia temática sobre política fiscal y derechos humanos convocada por iniciativa de un grupo de organizaciones internacionales y regionales, en el marco del 156° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que comienza la próxima semana en Washington DC, reviste especial importancia. 



Pese al crecimiento económico de la última década, en muchos países de la región éste no se ha traducido en mejores servicios públicos o en el goce sustantivo de los derechos sociales y el acceso a la justicia.  América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. 165 millones de personas en la región son pobres, de los cuales 69 millones viven en pobreza extrema. En 2014 el 1% de la población poseía el 40% de la riqueza de América Latina y el Caribe, mientras que el 99% restante se distribuía el 60%.  



Las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos que proponen este debate afirman en un informe preparado con ocasión de la audiencia ante la CIDH que la política fiscal debe jugar un rol transformador de la realidad social y económica.  Sin embargo, los sistemas tributarios en la región siguen siendo,  en su mayoría regresivos, los criterios bajo los cuales se asignan los dinero públicos son poco transparentes; la forma y el propósito con el que los estados otorgan exenciones, amnistías y deducciones fiscales tiene un fuerte impacto negativo en la recaudación y por ende en las posibilidades de que el estado dedique recursos a los derechos económicos y sociales perpetuando la desigualdad y la pobreza.  En este contexto, consideran que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede jugar un papel crucial en la reorientación de las políticas fiscales regresivas, formulando directrices y recomendaciones orientadas a que los Estados de la región adopten políticas fiscales justas, progresivas para garantizar los derechos humanos.



La política fiscal es una política pública, y como tal está sujeta a la rendición de cuentas y a las obligaciones que los estados tienen en materia de derechos humanos; por ello debe incluir en su marco de diseño e implementación, las directrices y principios que emanan de los tratados de derechos humanos y su jurisprudencia. El Secretario de Naciones Unidas Ban Ki Moon ha exhortado a lo países a adoptar políticas fiscales progresivas y redistributivas para la reducción de la desigualdad (A/67/394). Más recientemente el Relator Especial de Naciones Unidas para la Pobreza y los Derechos Humanos Philip Alston, en su informe sobre la relación entre la pobreza extrema y la desigualdad extrema ha exhortado a que las medidas redistributivas a través de la tributación y otras políticas fiscales sean consideradas como parte integral del compromiso para asegurar el respeto a todos los derechos humanos para la sociedad en general; y ha hecho hincapié en que uno de los pasos necesarios para que el sistema internacional de los derechos humanos responda de manera significativa a la amenaza de la desigualdad extrema, es poner el tema de los recursos y la redistribución en la 'ecuación' de los derechos humanos (A/HRC/29/31). 
  


Según la CEPAL, el estancamiento económico y la reducción del gasto social han comenzado a manifestarse en la región; este hecho amenaza con profundizar la pobreza crónica, agudizar las desigualdades, y afectar por décadas los proyectos de vida de la población más joven y la protección social de los más sectores más vulnerables. Por ello, se hace necesaria la adopción urgente de reformas en el ámbito de la política fiscal, centradas en los derechos humanos, para salvaguardar los avances en materia social de la última década, y prevenir la adopción de las políticas de austeridad y el debilitamiento de la política fiscal que pueden resultar en el deterioro de los derechos humanos fundamentales. 



El movimiento de derechos humanos en la región ha hecho importantes avances en la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales incluyendo la búsqueda de presupuestos más justos y transparentes.  En base a estos avances,  las organizaciones promotoras de la audiencia ante la CIDH consideran la política fiscal un campo fundamental para la justiciabilidad, exigibilidad y realización de los derechos humanos y exhortan a los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a consolidar su ámbito de protección de los derechos humanos contra las violaciones sistémicas o estructurales que resultan de las políticas fiscales regresivas e injustas.



Esta iniciativa es promovida por el Center for Economic and Social Rights (CESR), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO), el Instituto de Estudios Socio-Económicos (INESC), el International Budget Partnership (IBP) y cuenta con el apoyo de OXFAM Internacional. 

La audiencia temática se desarrollará el próximo 22 de octubre a las 14.00 (horario de Washington DC),  en el salón Padilha Vidal de la CIDH.  Podrá ser vista en directo a través de Internet aquí.  También puede seguir la audiencia en Twitter: #derechosyfiscalidad  #tax4humanrights

Para más información contactar con el Coordinador de Comunicaciones de CESR Luke Holland en: lholland@cesr.org